Los fondos de inversión Pimco y Templeton se desprendieron de bonos en pesos ocasionando una devaluación que fulminó los acuerdos paritarios logrados en los primeros meses del año.
Según el informe del BCRA sobre el Mercado de Deuda entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior se destinaban a colocaciones de deuda y capitales especulativos.
Con ello, toda inversión proveniente del exterior se dirigía a buscar altos rendimientos e intereses financieros en vez de destinar esos recursos a desarrollo productivo para la industria, obras públicas o necesidades de la población.
A lo largo del período, el ingreso de divisas por deuda e inversiones especulativas sumó 100.000 millones de dólares y la formación de activos externos (también llamado “fuga de capitales”) superó los 86.000 millones de dólares. O sea, casi 9 de cada 10 dólares que ingresaron al país por medio de la deuda en 2015 habían sido devueltos con intereses en 2019.
Además, según el informe las operaciones fueron realizadas por un reducido grupo: apenas el 1% de las empresas que realizaron compras adquirieron 41.124 millones de dólares, casi el 50% del total.
En ese escenario, en 2018, a partir del cierre de los mercados de crédito, el Gobierno Nacional decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) con un préstamo récord de 44.500 millones. Así, asestaron el golpe devaluatorio y la imposición de la política gubernamental dirigida al sostenimiento de la rentabilidad de estos grupos financieros en el país a costa de la pauperización del pueblo.
Con el cambio de gobierno en 2019 la perspectiva para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) no se modificó sustancialmente, más que para mejorar el rendimiento de la deuda y ganar posiciones en el mercado de dinero local. Sumado a la devaluación del peso nacional respecto al dólar que generó, y sigue generando, un crecimiento en el beneficio obtenido por estos especuladores.
Desembarco de PIMCO y Templeton
En dicho escenario dos de los FCI más grandes del mundo desembarcaron en el país. En 2018, Templeton llegó a la Argentina asociándose al Grupo SBS para lanzar tres fondos de inversión, entre los que se encontraba uno de deuda argentina en moneda local.
Por su lado, Pacific Investment Management Company (Pimco), propiedad de Allianz, el mayor tenedor de deuda soberana del mundo con activos por casi 2 billones de dólares, en 2019 tomó deuda argentina antes de las elecciones presidenciales convirtiéndose en el mayor tenedor de Bonos de Política Monetaria (Bopomo), entre otros bonos en pesos, con un 40% del total.
De esta manera, según la consultora 1816, estos dos FCI tienen más posiciones en bonos soberanos y provinciales en pesos que toda la industria de fondos comunes de inversión local. Según el documento elaborado por la consultora, tendrían deuda por un valor de 3100 millones de dólares, contra 2700 de todos los FCI locales. Además, representan el 88% de las tenencias de no residentes.
La tenencia o desprendimiento de los bonos por parte de estos grupos presiona fuertemente la cotización del peso, y esta a su vez repercute directamente sobre el proceso inflacionario. Aunque sólo es una consecuencia del objetivo de acrecentar sus ganancias a través de los intereses de la deuda.
Desde el año 2020 estos grupos vienen amenazando con desprenderse de su deuda en pesos para pasarse a dólares, ocasionando otra fuga de capitales e impactando directamente en la inflación.
Entre un amague y otro presionaron la política gubernamental para cumplir con sus exigencias de mayor rendimiento. Así el Gobierno Nacional emitió un bono para ser adquirido en pesos exclusivamente por estos dos fondos extranjeros, aunque al ser información secreta no es posible acceder a mayores detalles de la operación.
Lo cierto es que el ex ministro Martín Guzmán, desde comienzos de su gestión en enero del 2020 mantuvo reuniones periódicas con estos FCI ya que también cuentan con un gran porcentaje de la deuda que fue reestructurada con bonistas privados a mediados de dicho año.
Idas y vueltas
Las negociaciones de la deuda pública emprendida por el gobierno actual a partir de 2020 tuvo como resultado una reestructuración con bonistas privados, como Fidelity y BlackRock, y este año con el FMI.
Mientras tanto, los vencimientos diarios de letras y bonos del Tesoro Nacional generan el riesgo de default permanente obligando al Banco Central (BCRA) a aumentar la emisión monetaria para garantizar el pago de la deuda, situación comentada por Héctor Giuliano en su nota “Golpe de estado financiero y alternativa de default” publicada hace un mes.
Aunque no todo se cubre por medio de la emisión. La creación de nuevas letras y bonos también apunta a cubrir las obligaciones financieras. Básicamente más deuda, con mayores tasas para los especuladores, para cubrir vencimientos de deudas pasadas.
Todo ello sumado a la última gran transferencia de recursos llevada a cabo por Sergio Massa, ministro de Economía, Producción y Agricultura, que destina parte del presupuesto de salud, educación y obras públicas a cubrir obligaciones financieras del Tesoro Nacional.
Esto ocasiona un aumento más agresivo de la inflación y devalúa la moneda nacional respecto al dólar sumergiendo la economía local en un torbellino del cuál pareciera imposible salir.
Así estos FCI vienen desprendiéndose desde principios de año de su deuda en pesos y pasándose a dólares, situación que ocasionó una gran corrida bancaria en la semana previa de la renuncia de Guzmán consumando el golpe que empezó a gestarse con las negociaciones a principios de 2020.
Siempre la misma historia
Aunque al parecer las complicaciones ocasionadas por estos grupos no llegaron a su fin. Su influencia en la política nacional es directa y la devaluación en curso los sigue teniendo como protagonistas.
Christian Buteler, un analista financiero, comentó a Ámbito la semana pasada que a mediados de este mes hubo una salida masiva de capitales del Bopomo y “cada vez que se mueve mucho termina habiendo un salto en el tipo de cambio. Son inversores que salen de ese bono para irse por el dólar Contado con Liquidación (CCL). Estamos viendo esas ventas que se dieron en las últimas 48 horas terminan hoy presionando sobre el CCL”.
Según Buteler, la operatoria de estos fondos se basa en el ingreso en dólares “y luego de capitalizarse en pesos, salen con más dólares, porque el aumento de su precio es menor que los enormes beneficios que dan estas tasas de interés”. Y agregó: “la corrida cambiaria que debió afrontar Guzmán en la previa de su salida también tuvo como acelerador al fondo Pimco que junto a Templeton, tuvieron posiciones por 4.000 millones en el mercado local”.
En este punto parece existir un consenso unánime: estos FCI son quienes tienen el manejo de la valuación de nuestra moneda respecto al dólar para el sostenimiento de sus márgenes de ganancia. A su vez, el impacto de la devaluación genera mayor inflación ocasionando una degradación del poder de compra de los salarios y, por ende, empeoramiento de las condiciones de vida de la población.
Así vemos cómo estos actores determinan las principales variables de nuestro bienestar o decadencia. En este punto es llamativo ver cómo, incluso desde los organismos oficiales se investiga la dinámica del trabajo y su comportamiento llamándolo “Mercado de trabajo”.
Literalmente, el trabajo es considerado una mercancía más que se ofrece en el mercado donde sólo unos tienen la posibilidad de adquirirlo (comprarlo) a sus únicos -y naturales- poseedores: los trabajadores. Así el trabajo queda atado a las variaciones dispuestas por la necesidad de los FCI en el mercado de dinero.
Básicamente, la inflación, generando deterioro del poder adquisitivo, somete a quienes tienen sólo para ofrecer al mercado su trabajo en favor de aquellos que lo compran. Así, cualquier variación inflacionaria, devaluatoria o salarial repercute directamente en el costo de vida, y por ende en las condiciones de esta para las familias del país.
Por ende, las variaciones en esta puja también es una muestra -parcial- del poder que un polo tiene sobre el otro. Solo rompiendo esta dependencia será posible pensar en clave soberana un proyecto de país que priorice las grandes necesidades populares por sobre las obligaciones de deuda y sus intereses.