Estamos en la mira: con la incorporación de 200 cámaras de “monitoreo”, Villa María se ha convertido en la ciudad con más cámaras por número de habitantes en la provincia de Córdoba.
Desde mayo, con la inauguración del Centro de Monitoreo y la disposición de 260 cámaras de vídeo-vigilancia distribuidas en 242 puntos de la ciudad, Villa María se puso a la orden del día en la aplicación de tecnologías en políticas de “seguridad”, convirtiéndose en la ciudad más vigilada de la provincia de Córdoba.
Las mismas están situadas en espacios estratégicos de cada barrio, en seis puntos de acceso a la ciudad y en las principales arterias de circulación urbana.
Desde el Centro de Monitoreo del Centro Cívico en calle Mendoza al 2100 (ex hospital Pasteur), 40 empleados municipales observan constantemente la ciudad. Estas personas firmaron un acuerdo de confidencialidad por el desempeño de las tareas, realizando acciones en 16 puestos rotativos. Las mismas tuvieron capacitación sobre “técnicas de observación”, “conductas observables” y herramientas en el uso y aplicación del software.
Las imágenes registradas pueden permanecer almacenadas por 60 días de corrido. Para acceder a ellas es necesario contar con “un interés legítimo” y estar habilitado por disposición judicial. Los tipos de cámaras colocadas son fijas, tipo domo (por su cobertura en 360 grados) e infrarrojo para zonas oscuras (Ver: Sonría, lo estamos filmando- Ed n° 1).
Al mismo tiempo, en la ciudad vecina de Villa Nueva también se avanza con la instalación de cámaras en distintos puntos de la ciudad: ya cuentan con un total de 11 dispositivos, aspirando a superar las 20, en el marco del plan provincial de video-vigilancia que se expande exponencialmente en todas las localidades del territorio cordobés.
Licitación
La licitación para el equipamiento del Centro de Monitoreo fue ganada por un consorcio local integrado por Sitsa y Bit. Como es conocido, Sitsa ofrece servicios de conexión de banda ancha, además de contar con desarrollo en áreas de telecomunicaciones y conectividad.
Bit, por su parte, es una empresa de desarrollo de software que arrancó su actividad en el año 1974. Actualmente desarrolla software aplicado al sector agropecuario, metalúrgico, alimentario y del “e-commerce” (comercio electrónico).
Según dio a conocer el intendente Martín Gill durante el debate previo a las elecciones municipales, esta política “permitió generar una inversión de dos millones de dólares de recursos propios para el mayor centro de monitoreo de cámaras de seguridad de la provincia de Córdoba”, permitiendo durante el primer mes un total de “100 intervenciones y 15 delitos infraganti resueltos”.
Normativa
A través de la ley 9.380 sancionada el 18 de abril de 2007 por la Unicameral cordobesa y reglamentada por el decreto N°1.159/07 del gobernador José Manuel de la Sota, nuestra provincia se convirtió en el tercer distrito junto a Santa Fe y Capital Federal en legislar sobre el ejercicio y la aplicación de un sistema de videovigilancia.
Esta normativa establece el carácter de absoluta confidencialidad de las imágenes obtenidas, sólo utilizables con el fin del mantenimiento y preservación de la seguridad ciudadana por un plazo máximo de un año.
Por otro lado, no permite la utilización de “videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni en recintos privados, fijos o móviles, -salvo autorización judicial- ni en los lugares establecidos en esta Ley cuando se afecte – de forma directa y grave- la intimidad y privacidad de las personas”.
La mirada de un especialista
El eje de seguridad viene siendo una prioridad para gobiernos nacionales, provinciales y municipales. En ese marco, el secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Rafael Sachetto, declaró que “la tarea de monitorear y brindar seguridad a los vecinos es uno de los grandes objetivos del intendente Martín Gill”, asegurando que se trata de “una demanda social de que los vecinos estén y se sientan más seguros”.
A propósito de ésto, un informe realizado por el INDEC en base a la Encuesta Nacional de Victimización (2017), muestra que un 41,7% de la población considera que la inseguridad respecto al delito es un problema “muy grave”, un 43,4% contestó que es “bastante grave” y solo un 14,4% respondió que es “poco o nada grave”.
“Es atractivo el argumento de que la instalación de cámaras disuade”, pero “no existe ningún tipo de estudio que pueda respaldar que el establecimiento de cámaras de seguridad disminuya los índices de delito”, Adrián Romero, investigador.
Según Adrián Romero, docente de la Universidad Nacional de Villa María que investiga acerca del rol de los medios de comunicación locales, nos explicó que actualmente las personas relegan su privacidad a cambio de pedir por más “seguridad”. A costa de ello, propician por ejemplo la vigilancia mediante las cámaras.
La reproducción de los partes de prensa de las instituciones policiales en los medios de comunicación generan un escenario donde la inseguridad se transforma en un tema de agenda, fortaleciendo la aceptación social de los sistemas de videovigilancia estatal.
A su vez, se pregunta sobre la relevancia que cobra la inseguridad entendida como el atentado a la propiedad privada, y no así otros problemas sociales como la evasión fiscal, el acceso a la educación, los problemas de empleo, la salud, etc.
Con respecto a la eficacia de las cámaras en la prevención del delito, el investigador asegura que “el atractivo del argumento es que la instalación de cámaras disuade”, pero que sin embargo “no existe ningún tipo de estudio que pueda respaldar que el establecimiento de cámaras de seguridad disminuya los índices de delito”.
Queda preguntarnos entonces si la instalación de cámaras previene efectivamente la inseguridad, teniendo en cuenta que se está corriendo detrás de una agenda impulsada desde los grandes medios de comunicación.
