El primero de julio, el ente que regula los servicios públicos en la provincia (ERSEP) autorizó a EPEC a aumentarlas un 125% para 700 mil hogares y empresas de la provincia, convirtiendo su suministro en el más caro del país.
Con esta nueva suba, un hogar de Villa María con un consumo medio mensual de 300 kWh pasará a pagar $2.764, cuando hace 4 años abonaba $355 (un incremento del 678%).
De esta manera, EPEC vuelve a cargar sobre los consumidores con un nuevo cuadro tarifario. Además, de esa factura el Estado nacional se queda con un 21%, correspondiente al IVA, mientras que el municipio se apropia de un 20% a traves impuestos.
En abril de este año, la empresa comunicó que gracias a distintas medidas había conseguido un “ahorro operativo” de $770 millones durante los 9 meses anteriores. Esto se dio por el retiro (“programa de pasividad anticipada”) de 319 trabajadores, recorte de subsidios a jubilados y empleados, reducción de horas extras y congelamiento de salarios e ingresos de personal.
Todo esto llevó a que en 2018 EPEC tuviera un resultado operativo positivo (ingresos menos gastos) de $693 millones. Sin embargo, según el propio balance de la empresa, este superávit se consiguió gracias principalmente a los aumentos de tarifas.
Respuesta de los trabajadores lucifuercistas
Hace ya más de un año que los trabajadores de EPEC, sindicalizados en el gremio de Luz y Fuerza, vienen planteando que la situación para la empresa es compleja. Tal es así que durante el año 2018 no se firmaron paritarias hasta el mes de noviembre, con un aumento salarial del 25%, muy por debajo de una inflación que rondó el 48% anual.
El triunvirato de la seccional Villa María de Luz y Fuerza, compuesto por Ezequiel Zulatto, Gabriela Duarte y Mariano Peralta, denunció ante este periódico que existe una campaña para desprestigiar a los trabajadores del sector, haciendo foco en supuestas condiciones de “privilegio” por sus salarios o beneficios de convenio. Desde la visión gremial, el principal problema que enfrenta la empresa es la falta de inversiones, la falta de personal y la precarización laboral que se busca por medio de la tercerización.
Los dirigentes reconocen las dificultades que atraviesa EPEC, pero a su vez destacan que no puede culparse a los trabajadores ya que no representan ni el 20% de los “costos” de la empresa, además de no haber sido convocados por funcionarios para aportar ideas y soluciones al mejoramiento de EPEC.
Por el contrario, destacaron que la misión central del sindicato durante los últimos años ha sido la capacitación y perfeccionamiento laboral, para poder mejorar la calidad del servicio lo más posible.
Dueños de la energía
La generación de energía en el país (contemplando desde la producción hasta su comercialización) se encuentra mayoritariamente en manos de empresas privadas. EPEC es una de las pocas empresas que aún conserva su carácter de pública provincial en la producción. Del total de la producción energética nacional, un 78% corresponde al sector privado; 17% pública nacional y 5% publica provincial.
Al frente de estas empresas privadas se encuentran fundamentalmente bancos, fondos de inversión y conocidas petroleras. También hay ciertos “empresarios nacionales”, como el ex Ministro de Energía Juan José Aranguren (Shell Argentina) o Nicolás “Nicky” Caputo (miembro del PRO y titular del grupo Caputo SA).
Esta concentración nos remonta a la década de los noventa cuando se impulsaron las privatizaciones de los servicios públicos. Bajo este nuevo sistema, que en lo esencial se mantuvo inalterado durante los últimos 30 años, grandes empresas nacionales y extranjeras han encontrado abultadas ganancias a costa de la explotación de recursos naturales y transferencias de ingresos desde los hogares.
¿Quién define el precio de la energía?
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), es la empresa monopólica creada en 1992 que adquiere la energía eléctrica generada por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), fijando el precio mediante audiencias públicas cada cinco años.
Su administración y acciones se dividen en un 20% en manos del Estado Nacional (a través de la Secretaría de Energía), mientras que el 80% restante es controlado por los privados (Generadores, Transportistas, Distribuidores y Grandes Usuarios) en un 20% cada uno.
La energía es adquirida por las empresas de transporte, las que a su vez suministran a las empresas distribuidoras, como EPEC, para que finalmente provean del recurso a los hogares.
Transener SA, principal empresa de transporte de energía de alta tensión, acumuló ganancias durante el 2018 por $3.176 millones. Esta empresa es la que opera el sistema de Desconexión Automática de Generación, cuya falla generó el apagón eléctrico nacional el pasado 16 de junio, debido a un acto de negligencia de la empresa, según declaró ante el Senado el Secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui.
En el ranking de las 20 empresas con mayores beneficios económicos del 2018 también se colaron otras energéticas: YPF (1º con $38.600 millones), Transporte de Gas del Sur (6º con $11.415 millones), Pampa Energía (7º con 11.001 millones), Tecpetrol (8º con $10.164 millones) y Edenor (18º con $4.260 millones).
EPEC tiene la particularidad de operar en los 3 eslabones de la cadena, es decir que produce, traslada y distribuye energía a 710.000 hogares cordobeses y a 202 cooperativas eléctricas locales. Al no ser autosuficiente, la energía faltante la adquiere también en el MEM.
El precio de la energía que abonamos en las tarifas, se encuentra entonces fuertemente vinculado al precio que disponen las empresas privadas que la producen y transportan, las cuáles han presentado beneficios económicos récord durante las últimas décadas.
