Luego de la apertura de bancos el jueves pasado y el conflicto que desató, trabajadores de la Asociación Bancaria salieron a exigir que se declare el sistema financiero como servicio público.
El Gobierno Nacional decretó a la actividad bancaria como esencial para poder ingresar dentro del DNU que permite su funcionamiento. Esto era necesario para el cobro de las asignaciones, jubilaciones, entre otros, donde el día jueves 2 de marzo se realizó la primera prueba.
La apertura de los bancos significó grandes amontonamientos de personas en un marco de aislamiento obligatorio, mientras tanto la presión de los bancos por atender fué el factor decisivo para que se lleve a cabo. Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, gremio de los trabajadores bancarios de Argentina, advirtiendo sobre la situación, había exigido que no se lleve a cabo esta modalidad, aunque no tuvo respuestas por parte de las patronales y el gobierno.
La lucha de trabajadores bancarios
En los días posteriores se llevó a cabo un bombardeo mediático, replicando una y otra vez situaciones en las filas de los bancos y culpabilizando a los trabajadores de dicha situación. Frente a ello, La Asociación Bancaria a nivel nacional publicó ayer un comunicado posicionándose respecto a la situación.
En él se aclaran algunas ambigüedades a las cuales fueron sometidos y denunciaron el accionar irresponsable que permitió que la situación se saliera de control. Frente al amontonamiento dijeron que “los bancarios no somos dueños de los bancos para determinar en qué condiciones se atiende a los jubilados. Eso es responsabilidad de los banqueros.”, como también “lo que pasa en la calle, en la fila del banco, es responsabilidad de la autoridad pública”.
Ante al ataque realizado a los trabajadores denunciaron que “es vergonzoso que quieran cortar el hilo por lo más delgado: los trabajadores y su organización gremial”.
Como último punto proponen una salida a todo esto, sosteniendosé en “dos principios: 1) deberían declarar al sistema financiero SERVICIO PÚBLICO y 2) ANSES debería hacer que las entidades que miran para otro costado asuman la carga pública de la seguridad social.”
En la ciudad de córdoba el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Entidades Bancarias y Financieras (Siteba) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma también salieron a repudiar el accionar de los bancos: “Sabemos que el problema es de fondo. Entre otras cosas, la miseria que reciben los jubilados, los obliga a correr detrás de un cobro desesperado para tener un plato de comida o comprar un remedio. Sabemos que el único interés de los bancos es acumular riqueza, como de manera inescrupulosa lo han hecho los últimos años”.
Entre otros puntos proponen “ponerle fin a la Ley de Entidades Financiera vigente, decretada por la dictadura militar y por la creación de una nueva Ley que disponga que los bancos no son un gigantesco negocio para unos pocos privilegiados y para que se legisle para que la actividad financiera constituya un Servicio Público a disposición de los intereses del Pueblo y la Nación”
“La peor pandemia de todas es el capitalismo”
En conversación con Pablo Bertoglio, Secretario General de La Bancaria en Villa María, nos comentó que desde los trabajadores bancarios “lo que venimos exigiendo desde hace ya mucho tiempo es la nueva Ley de Entidades Financieras, que surge de la dictadura y que ningún gobierno democrático la cambió”.
Esta legislación, según nos dijo, permite que solo 5 bancos controlen el pago de más del 50% de la población, mientras que los 56 bancos restantes se reparten entre el 1% y 4% cada uno, por ello “es una injusticia que se pretenda echarle la culpa a los trabajadores bancarios”.
La declaración del sistema financiero como servicio público busca “un reparto equitativo de los servicios sociales”, en un contexto donde prevalece “la conveniencia por las ganancias que se obtengan”. Igualmente, “la peor pandemia de todas es el capitalismo. Son estas las situaciones que hacen salir a la vista todos los defectos del neoliberalismo”.
Y respecto a la deuda, Bertoglio comentó que los bancos son actores con intereses dentro de ello, aunque esto en particular no nos haga perder de vista lo “cruel que es el sistema financiero concentrado a nivel internacional”. Lo que debemos hacer ahora como trabajadores y como sociedad es “barajar y dar de nuevo”.
La ley a los bastonazos
El 14 de febrero de 1977, la dictadura militar aprobó la Ley de Entidades financieras, en el marco del proceso de reorganización nacional, para fomentar las inversiones de los capitales desde los sectores industriales-productivos, hacia los financieros-especulativos. Aunque no fué la única ley que permitió la libre circulación de capitales extranjeros, su concentración y su influencia sobre el resto de la economía, la Ley de Encajes bancarios o la Ley de Inversiones Extranjeras, son una pequeña muestra de ello.
A través de fusiones o compras, y al mismo tiempo la privatización de bancos estatales, es cómo este proceso se hacía efectivo con el paso del tiempo.
A pesar de favorecer a los grupos más poderosos de las finanzas, esta ley tuvo solo dos modificaciones parciales. Una de ellas fué con la creación de la Carta Orgánica del BCRA con la Ley Nº 24.144 el 23 de septiembre de 1992, con el gobierno de Carlos Menem, aunque esto no significó ningún cambio de tendencia en la concentración de estas entidades.
Luego, el 31 de enero de 1994 tiene otra modificación de sólo tres artículos a través del decreto 146/1994. Esto tampoco va a modificar la tendencia, sino todo lo contrario.
En los considerandos del decreto plantea que con la “eliminación de las restricciones existentes en el sistema financiero se procura una mayor competencia”, desregularizando aún más de lo planteado en la ley. Además busca “equiparar el tratamiento dado a las entidades financieras locales de capital extranjero”. Una clara muestra de la política implementada desde el Estado hacia este sector.
Desde allí hasta hoy ningún otro gobierno realizó modificaciones. Hoy, la concentración de esas entidades es una expresión más de cómo estos grupos actúan sin ningún interés puesto sobre los trabajadores y la población en general.
