En distintos puntos de la provincia de Córdoba, los trabajadores municipales afrontan la pandemia entre el ajuste y la represión.
En la ciudad de Córdoba, el Gobierno de Martín Llaryora aprobó el viernes la reducción de la jornada laboral de los empleados y empleadas municipales (pasará de siete a seis horas), generando una rebaja salarial del 10% en medio de una sesión del Concejo Deliberante que reunió a cerca de 200 trabajadores, a pesar de la cuarentena, para repudiar la medida.
Beatriz Biolatto, secretaria general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales, señaló: “Estábamos en una mesa de negociación con el Municipio, donde discutimos el cumplimiento de las actas ya firmadas para convertir a remunerativo todo lo que habíamos firmado entre enero y febrero. Habíamos acordado reunirnos esta semana para discutir el tema salarial y ahora nos enteramos por los medios de la medida que toman. Son perversos, dañinos y resentidos”.
El rechazo a esta medida sumó los apoyos de la CGT Regional Córdoba, la CTA de los Trabajadores, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) y la Organización de Trabajadores Radicales (OTR).
La disputa ahora sigue en la Justicia, donde el sindicato anticipó el impulso de acciones legales y denuncias ante el Ministerio de Trabajo de Nación y Provincia. Por otro lado, desde la Fiscalía General Adjunta, el fiscal Héctor David, adelantó que la Justicia de Córdoba tomará medidas contra los trabajadores que se manifestaron el viernes por violar la cuarentena: “Acá lo que no se cuestiona es el contenido, si es una protesta o no, si es el reclamo de un sector gremial, de comerciantes o ciudadanos”, sentenció.
Por otra parte, a fines de abril, en Jesús María, el sindicato de los trabajadores municipales dieron inicio a una serie de reclamos en oposición a una ley de emergencia económica que debatía el Concejo Deliberante, en busca de suspender acuerdos salariales y otros beneficios no remunerativos.
El 4 de mayo, durante una asamblea en las afueras de un obrador del municipio, en reclamo del pago de los haberes, 41 trabajadores fueron encarcelados por orden del fiscal Guillermo Monti que dio curso a la medida procesal de las detenciones por “violación a las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
La CGT regional emitió un comunicado al día siguiente en reclamo de garantías al Ministerio Público Fiscal por la detención de los 40 trabajadores municipales, asegurando que realizaban una “actividad autorizada previamente por un fiscal”.
En Villa María, Jesús Chirino, representante de la Unión de Trabajadores de los Estados Municipales, manifestó su preocupación frente a estos hechos, señalando que “los intendentes no nacen de un repollo” al recordar que el intendente de Jesús María “Luis Picat es quien propuso seguir desmontando la provincia, dirigente de la Sociedad Rural está actuando como patrón de estancia que piensa que puede hacer lo que quiere con sus empleados. Sobre el intendente de Córdoba, recordó su voto a favor como diputado de la reforma provisional en 2017. “Son dirigentes que, más allá de sus discursos, no se han destacado por su empatía con los trabajadores”, sentenció.
Para finalizar, el referente municipal destacó la importancia de “solidarizarnos con los y las compañeras municipales y, entre todos, demandar que no puede ser que esta crisis también la terminemos pagando quienes vivimos de nuestro salario. Si viene una nueva normalidad, como dicen, no vamos a permitir que la misma continúe con la explotación de los trabajadores”.
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