En un contexto social crítico que atraviesa el mundo en medio de una pandemia, grupos financieros buscan cobrar sus ganancias por intereses de una deuda eterna y odiosa.
A comienzos de la semana pasada grupos económicos que concentran cerca del 50% de las tenencias de los bonos que el Gobierno pretende reestructurar de la deuda emitida por Argentina rechazaron en forma conjunta la oferta que el Gobierno Argentino les había presentado ante los próximos vencimientos que debía afrontar.
Estos grupos (Ver: Dueños de la Deuda), denunciaron que “sufrirán pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias” y señalan que la Argentina tiene “mayor capacidad de pago de la deuda en el largo plazo de lo que figura en la oferta”. “No hay justificación económica para no hacer pagos hasta mayo de 2023”.
La oferta que realizó el gobierno de reestructuración está direccionada a acreedores de deuda en moneda y legislación extranjera y responde a alrededor de USD 68 mil millones, un 20% de la deuda total (hoy en día la deuda argentina asciende a 320 mil millones de USD). Este escenario de conflicto con los privados se desarrolla en uno de los frentes de negociación, a los cuales se agrega la deuda intra pública que ya fue postergada y aquella con organismos multilaterales de crédito (FMI y Club de París, entre otros).
Por su parte el Ministerio de Economía respondió que el Gobierno “está decepcionado” por la declaración de los acreedores y reafirmó que “hemos publicado nuestro análisis de sostenibilidad de la deuda y se encuentra alineado con el del FMI. Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica”.
Dicho comunicado luego fue respaldado por Alberto Fernández al señalar que “los acreedores no están perdiendo con nuestra propuesta, sólo están ganando menos”. Y recordó las conversaciones que mantuvo con Jeffrey Sachs (economista estadounidense) quien le señaló que no debería haber tanta preocupación ya que “el mundo va a estar en default, habrá más de 40 países así”.
La vida o la deuda
Kristalina Georgieva, presidenta del FMI, reiteró que Argentina ha actuado responsablemente ante la pandemia y sentenció que la “deuda es insostenible, así que esperemos que el compromiso continuo lleve a una buena solución de la negociación con los acreedores”. El FMI declara apoyar la propuesta de reestructuración para acreedores privados, por un lado, en un momento donde no tiene grandes vencimientos estos años, y por otro, el organismo sigue recibiendo sus pagos, ya que la semana pasada Argentina canceló intereses trimestrales por US$ 320 millones.
En este escenario de tires y aflojes la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda envió una carta al presidente precisando que “este aplazamiento debe transformarse, de manera inmediata, en una suspensión de pagos de toda la presunta deuda pública”. “Se deben destinar los recursos con que ahora se paga deuda para fortalecer el sistema público de salud y las políticas sociales frente a la pandemia”.
“Se deben destinar los recursos con que ahora se paga deuda para fortalecer el sistema público de salud y las políticas sociales frente a la pandemia”. Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda
Avanzar en “un impuesto a las grandes fortunas y rentas”, bregar por “la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores”. Mientras que “el gobierno sigue priorizando el pago de la deuda externa usuraria al FMI y a los fondos buitre” señalan que “esos fondos y todos los que sean necesarios deben estar para garantizar los salarios, la Salud y las necesidades básicas de la población” reza el comunicado impulsado por el Plenario del Sindicalismo Combativo.
Hoy, el Banco Central publicó un informe destacando que durante el gobierno de Mauricio Macri, se facilitaron las condiciones para la fuga de capitales por más de USD 86.000 millones generando “la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo”.
Cosechando apoyos
Ante los cruces que generó el escenario de negociación de la deuda, el gobierno de Fernández cosechó apoyos de empresarios de los sectores agroindustriales, productivos, financiero y parte del movimiento obrero en la propuesta de reestructuración.
De esta forma se llevó a cabo una reunión en la Quinta de Olivos con la presencia de los representantes de los grupos empresarios más poderosos como la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Argentinos, Cámara Argentina de la Construcción, entre otras. Y los principales referentes sindicales de la CGT entre los que se destacan Héctor Daer, Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio y Servicios) y Antonio Caló (UOM). Allí Fernández, acompañado por parte de su gabinete, dijo que “esta mesa demuestra la vocación de estar juntos”.
“Esta mesa demuestra la vocación de estar juntos”. Alberto Fernández, ante los lideres empresariales y dirigentes de la CGT.
A su vez, distintas personalidades del mundo de las ciencias económicas abogan por la propuesta presentada por Guzmán y de esta forma realizan una carta en apoyo a la Argentina con la firma de más de 160 economistas de 20 países. “Creemos que un acuerdo sustentable beneficia a ambas partes”, “sólo una economía que crece sustentablemente puede cumplir con sus compromisos financieros a lo largo del tiempo”. Ante “la ausencia de un marco normativo internacional no debería privar a los países endeudados de la posibilidad de proteger a su gente y proveer las condiciones para la recuperación económica durante la mayor crisis global que tengamos memoria”. Entre los firmantes se destacan los premios nobel de Economía Joseph Stiglitz, Thomas Piketty (autor de libros acerca del estudio del capitalismo contemporáneo), Carlos Ominami (impulsor junto a Fernández del Grupo de Puebla), entre otros.
Así también empresarios nucleados en el grupo “IDEA” reclamaron al Gobierno un “acuerdo sostenible” con los acreedores. “Al desafío de hacerle frente a la emergencia por el virus lo acompaña lograr un acuerdo con los acreedores, de igual complejidad ante las consecuencias sociales y económicas de la pandemia”.
Una pronta salida
Mientras el gobierno espera una contrapropuesta por parte de los bonistas, si no se llega a un acuerdo antes del 22 de mayo, habrá una cesación de pagos, lo que comúnmente se llama default. Muchos sostienen que sería gravísimo ese escenario ya que no podríamos acceder a crédito. Sin embargo, hoy en día las tasas son tan altas y los bonos cotizan a niveles de default.
El tiempo corre, y para los fondos de inversión apremia la necesidad de resolver la negociación de forma favorable a sus intereses. La taba está en el aire, y lo que restara por definir es si las consecuencias de entrar en cesación de pagos son más graves de las que suponen continuar con los pagos en momentos de una de las mayores crisis económica global.
