Desde el grupo de la Autoconvocatoria por la Suspensión de la Deuda promueven el inicio de un juicio popular contra el pago de la deuda. Piden ser recibidos por el Gobierno Nacional para proveer de información caratulandola de “fraudulenta” y “odiosa”.
Durante la tarde de hoy, en el marco de cumplirse 20 años del Fallo del Juez Ballestero que al dictar sentencia en la causa Olmos corroboró la existencia de 477 ilícitos en el proceso de endeudamiento investigado del 76 al 83 durante la dictadura argentina, la Autoconvocatoria por la Suspensión al Pago de la Deuda realizó el inicio del juicio popular a la deuda y al FMI.
En dicha convocatoria oficiaron de jueces del proceso Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz), Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo), Alejandro Bercovich (Economista y periodista), Miguel Julio Rodríguez Villafañe (Abogado laboralista), y Nina Brugo (Abogada). En tanto que las intervenciones estuvieron a cargo de Alejandro Olmos Gaona, quien fuera hijo del investigador destacado del proceso de endeudamiento externo y continuador del legado por la promoción de la investigación de la deuda junto a Beberly Keene (economista) y Beatriz Rajland (perteneciente al grupo ATTAC Argentina).
Sostienen desde la autoconvocatoria que “a pocos días de una nueva conmemoración de la declaración de nuestra Independencia, el Gobierno Nacional presentó una nueva oferta a los “fondos de inversión” que sostienen su voracidad sin final en el marco de una profunda crisis capitalista global, agravada por la pandemia mundial. Esta propuesta de re-negociación es contraria a cualquier espíritu soberano digno de esta fecha, ya que continúan las concesiones que se habían comenzado a instrumentar en la primera oferta realizada en abril e incluso se profundizan.
En la propuesta del gobierno, se adelantan las fechas de vencimiento en uno o dos años según el bono, se esfuman las quitas de capital, y se reconocen los pagos de intereses de este año. Además, se ofrecen algunas concesiones legales respecto a los niveles de aceptación en caso de futuras renegociaciones, permitiendo a tenedores de bonos renegociados en el 2005 contar con esas mismas condiciones (más convenientes para ellos). En concreto, significan entre U$D 7.800 y U$D 13.000 millones de dólares más, respecto a lo propuesto en abril, que serán menos recursos para la educación, salud, trabajo, vivienda, y tantas otras carencias que hoy sufre nuestro pueblo.”
En otro apartado del comunicado expresan que “instamos a que el Gobierno Nacional nos reciba para plantearle nuestra posición ante esta deuda ilegal, ilegítima y odiosa. Asimismo, también exigimos respuesta a nuestro pedido de audiencia urgente a las autoridades del Banco Central de la República Argentina y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, ya que tienen la posibilidad de contar con información privilegiada para analizar el carácter de la deuda.”
