Tras una audiencia de más de 6 horas, la justicia provincial dio la orden para que se levante el acampe en la puerta de Algodonera Avellaneda (Vicentín) por reclamo salarial.
Hoy a las 5 de la mañana trabajadores y trabajadoras de la empresa Algodonera Avellaneda, perteneciente a Vicentín, fueron desalojados por la policía de la provincia de Santa Fé con la orden del fiscal Alejandro Héctor Rodrigues y dispuesta por el juez Santiago Banegas.
Con más de tres meses de paro, y sin ningún tipo de respuesta por parte de la empresa, 200 efectivos policiales se acercaron al lugar del acampe diciendo que si no desalojaban el lugar iban a reprimir.
Tribuna tuvo la posibilidad de conversar con Sonia Zanel, Delegada en la empresa y trabajadora con más de 25 años de antigüedad en la empresa, que nos comentó la situación frente al reclamo que vienen realizando, donde “hace más de 3 meses que nos estamos manifestando, pidiendo una mejora salarial porque no tenemos para comer”.
Los intentos de negociación fueron rechazados por la empresa, ya que “tuvimos 7 audiencias donde la empresa jamás se sentó a negociar, lo único que quería era que entremos a trabajar”. Petición que desde el acampe se aceptó “y a pesar de eso no se negoció nada, por eso volvimos al paro”.
En la planta trabajan aproximadamente 430 trabajadores con salarios de hambre, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia y, a pesar de los más de 3 meses de paro, desde la empresa no dieron ninguna respuesta más que represión, por eso “están jugando con las necesidades de la gente y el desgaste”.
A pesar de los intentos, llevan todo este período sin cobrar nada. Por otro lado, “hemos recibido apoyo de la Multisectorial, un lugar donde hay más de 50 gremios. También del PO, Evita, y nos apoyaron con mercadería. Después hicimos un fondo de huelga con el que pudimos sostener la medida”.
Comunicado oficial
Inmediatamente después de lo ocurrido, el sindicato de Aceiteros y Desmontadores de algodón repudió el “desalojo de los trabajadores de Algodonera Avellaneda”, forzando a los trabajadores a dejar el acampe que realizan frente a la planta.
Según el comunicado, tanto el juez como el fiscal de turno cedieron ante la empresa Vicentín criminalizando “el reclamo salarial de las trabajadoras y trabajadores”. A su vez, “el poder judicial actúa con pasmosa celeridad para criminalizar y amenazar con más violencia a quienes hace mas de 70 días reclaman un aumento para los salarios de miseria que paga la empresa, utilizando a la policía como seguridad privada de la empresa“.
