A lo largo de todo el territorio argentino, la toma de tierras deja en evidencia el déficit habitacional que atraviesa el país como síntoma del agravamiento de la crisis económica y social.
En nuestra ciudad, en el barrio Las Acacias, hace poco más de un año 70 familias armaron un “acampe” o “toma” de tierras, manifestando la necesidad de poder acceder a un terreno donde construir su vivienda ante la Municipalidad, de la cual no se obtuvo una respuesta.
“Cuando uno no recibe lo que el Estado nos tiene que dar, tenemos que hacer estas cosas” declaró uno de los movilizados.
Actualmente el número de familias movilizadas va en aumento. Familias que, además, no cuentan con ningún servicio básico -luz, gas o agua-. Hicieron efectiva esta necesidad ante las empresas correspondientes pero como respuesta les comunicaron que, a menos que haya 20 viviendas en el terreno, no se pueden realizar las conexiones necesarias.
Desde Tribuna nos acercamos al lugar para poder conversar sobre la situación en la que se encuentran, pero por miedo a que hablando los desalojen, como está pasando en varias provincias de nuestro país, nos manifestaron su decisión, en conjunto, de no dar notas.
Esta legítima necesidad social de habitar, que no encuentra respuesta en las políticas públicas, es una problemática de larga data que los sucesivos gobiernos no han podido resolver en toda Argentina. Las consecuencias están a la vista: la urbanización irregular generó más de 4.200 asentamientos habitados por más de 800.000 familias, casi 4 millones de personas.
Buenos Aires
A lo largo de toda la extensión de la provincia hay 40 tomas de terreno en la actualidad. Principalmente, en un predio de aproximadamente 100 hectáreas, ubicado en Guernica, se han asentado más 2.500 familias, 10.000 personas, desde hace dos meses. El 23, 24 y 25 de septiembre son las fechas que fijó la justicia para realizar el desalojo. Hasta hoy, es la toma más grande del país.
Los vecinos y vecinas de la ocupación insisten en permanecer en el lugar hasta obtener una respuesta concreta a sus justos reclamos, ya que manifiestan no tener otra alternativa o salida inmediata a sus necesidades habitacionales.
Quienes se encuentran en la toma, temen por lo que puede llegar a suceder en los días próximos ya que como antecedentes de desalojo se tiene los operativos de la Ciudad Evita (La Matanza) y la zona de las chacritas (Esteban Echeverría) donde, en ambos casos, la policia procedió con extremada violencia, con varios detenidos, heridos y con todo tipo de provocaciones y aprietes.
Vecinos de Las Chacritas denuncian que incluso fueron infiltrados por elementos ajenos a la ocupación. Mientras que en Ciudad Evita el desalojo se produjo en horas de la noche, contra toda indicación y protocolo en esta materia. Con esta situación, en la toma se vive una gran actividad de organización, preparando la resistencia al desalojo, con asambleas donde se vota el plan de lucha que discutió el plenario de delegados de la ocupación.
Frente a estas situaciones, organizaciones sociales decidieron marchar, en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo por el derecho a la vivienda, que se suspendan los desalojos en tierras tomadas y que el Gobierno se comprometa a brindar soluciones habitacionales y crear trabajo genuino.
“Salimos a las calles porque sin tierra, sin trabajo y sin alimentos no se aguanta más”, expresaron en un comunicado de prensa. Y agregaron: “Necesitamos respuestas concretas, necesitamos que el gobierno nacional atienda los reclamos de los comedores populares, que sean declarados esenciales sus trabajadores y trabajadoras y se les pague por un trabajo que vienen haciendo gratis hace años”.
Chaco
En las últimas semanas se han dado, en todo el territorio chaqueño, tomas de terrenos por más de 500 personas. Frente a esto, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga encabezó, junto a la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, un encuentro con autoridades provinciales para continuar trabajando en un abordaje integral de la problemática.
“Ante la particular situación que se está dando en la provincia, con usurpaciones diarias en predios públicos y privados, el objetivo es generar acciones y protocolos tendientes a prevenir las tomas ilegales y garantizar la integridad y los derechos de las personas que se vean involucradas en desalojos”, expuso la funcionaria.
Además se avanzó en la conformación de un banco de tierras públicas que permita su acceso de una manera ordenada y planificada. “La toma ilegal de predios es un delito que genera exclusión, inequidades y conflictos sociales, por eso queremos finalizar de manera formal y legal, con esta práctica que tanto perjudica a la ciudadanía en su totalidad”, indicó.
Rio Negro
Frente al avance de la toma de tierras, específicamente en El Bolsón y Bariloche, la gobernadora de la provincia, Arabella Carreras, afirmó que su Gobierno “no promueve desalojos violentos” de las tomas pero “de ninguna manera avala” esas ocupaciones y anunció que apelará ante la medida de desalojo de 133 familias en El Bolsón que se movilizaron en la reserva natural Mirador del Azul- Cabeza del Indio.
El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, indicó que “el único camino posible es el desalojo de esas tierras. Este es uno de los circuitos turísticos por excelencia y perdemos muchísimo como motor de crecimiento de nuestra comunidad”.
Por otro lado, en Cipolletti, localidad de la provincia, nueve de diez hectáreas pertenecientes a Eduardo Kohan, un productor de la ciudad, fueron tomadas por un centenar de familias y sólo quedó al resguardo una parcela donde están la casa de Eduardo junto con un depósito de maquinarias de empresas petroleras.
“Las familias trabajadoras se ven empujadas a tomar tierras por la ausencia del Estado que no da respuestas a sus necesidades, agravadas por el cuadro de la pandemia mundial y porque la orientación social de los gobiernos, es seguir descargando sobre las espaldas de la clase trabajadora ocupada y desocupada la crisis”, indicaron en un comunicado desde el Partido Obrero.
Tras una audiencia dada con los ocupantes de los terrenos, la jueza a cargo dio un paso atrás con respecto al desalojo de la toma. La jueza indicó, además, que la Justicia tiene la obligación de transitar y agotar la vía de la conciliación. Consideró que el desalojo forzoso en cualquier caso se debe evitar, más aún si previo a la expulsión el Estado todavía no garantizó un lugar donde los ocupantes puedan vivir.
Entre las personas convocadas por la fiscalía que asistieron, todos ellos hablaron del estado de vulnerabilidad que atraviesan. Uno dijo que vivía hacinado en una casa con 11 hermanos .Otro pagaba un alquiler y en pandemia perdió su trabajo. Alguno de ellos también mencionó que se encontraba en situación de calle y había ingresado a la toma para forjar su proyecto de vida. Otra mujer, con tres hijos menores de edad a su cargo, participa del asentamiento porque compartía techo con 8 hermanos.
“Si no tuviésemos necesidad, no estaríamos ahí pasando frío con nuestros hijos”, dijo una integrante de la toma.
El bloque de legisladores rionegrinos del frente de Todos propuso crear una comisión de ordenamiento territorial y un banco de tierras, como alternativa para avanzar en posibles soluciones ante la imposibilidad de acceso a lotes sociales en las distintas localidades de la provincia.
La iniciativa recomienda la creación de una Comisión Especial para el Ordenamiento Territorial y Protección de Recursos Ambientales y Paisajísticos que diagnostique la situación actual de la distribución territorial, facilite la instrumentación de mecanismos que permitan un proceso de ordenamiento y asegure la preservación del medio ambiente posibilitando, en definitiva, que más familias accedan a lotes donde proyectar su futuro.
