El Gobierno de la Provincia de Córdoba volvió a la carga con el polémico proyecto por la nueva traza de la Autovía Punilla.
El Gobierno de Juan Schiaretti vuelve a la carga con el proyecto de la Autovía Punilla. La nueva propuesta contempla la apertura de una traza de 43,5 kilómetros entre la comuna de San Roque y Cosquín, esta vez al oeste de la ruta 38.
La inversión prevista para la primera etapa anunciada por el Gobierno de Córdoba es de USD 100 millones, de los cuáles el 75% contará con aportes de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el 25% restante correrá por cuenta de la Provincia y los municipios por los que pase esta autovía de montaña.
No es la primera vez que el Gobierno busca impulsar esta obra. En 2018, otro proyecto que proponía abrir una vía de cuatro carriles por el este de la ruta 38 fue rechazado por una numerosas asambleas y organizaciones ambientales que se posicionaron, al punto que el gobierno provincial tuvo que retirar la licitación, lucha conocida como el “Punillaso”.
Este proyecto se genera en el eje Mercosur-Chile del programa de infraestructura del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), que busca conformar un corredor bioceánico que vincule los principales centros económicos, ciudades y puertos de Sudamérica para el transporte de granos a puertos del Pacifico.
El programa IIRSA surgió en el año 2000 con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Desde Tribuna, estuvimos en diálogo con Juan Yacobs, de Radio Panamericana (Huerta Grande) sobre el desarrollo del conflicto en la región: “Detrás de este proyecto vienen los country y todo un avance desproporcionado, llevando la urbanización a sectores que hoy son lugares de refugio silvestre, afectando el poco bosque nativo y las cuencas hídricas que nos quedan”, comentó el comunicador.
A su vez, remarcó que el sector donde planea hacerse la obra “se quemó hace seis meses más 350.000 hectáreas” profundizando una “situación de despojo y extractivismo que nos involucra a todos”.
“Estos proyectos son motorizados a nivel mundial, programas internacionales que promueven el despojo y el saqueo de nuestros territorios, no tienen nada de relación con la realidad de nuestros pueblos, sino que son vías de escape para las materias primas y los recursos naturales” , agregó Yacobs.
“Desde el IIRSA para abajo es todo un negocio para unos pocos”.
El día de ayer se dio comienzo a una audiencia pública y virtual para discutir el proyecto, donde iban a exponer 688 oradores inscriptos. No obstante, un corte de luz en Bialet Massè comprometió la presencia de muchos vecinos y vecinas de una las localidades más afectadas.
La Secretaria de Ambiente adujo que los cortes no eran su responsabilidad y avanzó con la presentación de la audiencia, haciendo caso omiso a los reclamos de los participantes. Sin embargo, la misma tuvo que suspenderse a raíz de la irrupción de grupos de hackers que impidieron el desarrollo del debate.
Anteriormente, la Justicia rechazó un reclamo de los vecinos de convocar a la audiencia presencial bajo protocolo, pero la propuesta fue rechazada. La audiencia pasó a un cuarto intermedio y continuaría el lunes.
