El Gobierno oficializó la toma de funciones administrativas de la Hidrovía Paraná-Paraguay por doce meses, después de la concesión de 26 años en manos de la belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa.
El decreto 427/2021, firmado el 30 de junio por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, designa al ente estatal Administración General de Puertos (AGP) como responsable de la administración y el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la hidrovía Paraguay–Paraná por el plazo de un año.
De esta manera, el Gobierno le pone puntos suspensivos al debate sobre la conducción del principal canal de exportaciones, luego de meses de incertidumbre a raíz del vencimiento de la concesión y de la extensión de 90 días que otorgó el Ministerio de Obras Públicas.
El “expertise” y el “know how” aparecen como los principales argumentos que objetan los sectores que concentran los negocios del agro. Daniel Nasini, de la Bolsa de Comercio de Rosario aseguró que “es indispensable que las obras sigan en manos de empresas especializadas en la materia, seleccionadas bajo un riguroso y transparente proceso de licitación. El Estado no tiene ni la experiencia ni la capacidad técnica para realizar estas tareas”.
300 millones de dólares anuales. Es lo que pagan productores y exportadores por el servicio de dragado y balizamiento por año.
Sin embargo, los intereses por los destinos de estos recursos exceden a los que lo monopolizan. El “Cabildo Abierto por la Soberanía Fluvial, Marítima y el Canal Magdalena”, impulsado por el Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), convocó a organizaciones y sindicatos de todo el país a debatir sobre la necesidad de retomar el control de la vía navegable.
Esta medida agudiza las tensiones del sector agroexportador en torno a la hidrovía, donde los fantasmas de una posible estatización se convirtieron en uno de los principales reclamos que convocan a productores el 9 de julio en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, en un hilo de tuits, sentenció: “es el sector privado el que tiene los conocimientos y las herramientas necesarias para su funcionamiento, no el Estado. El crecimiento de la economía y del campo no pasa por la intervención ni avance sobre privatizaciones en actividades centrales que hacen a la competitividad de un sector generador de riqueza en el interior y dólares necesarios para estabilizar la macroeconomía”.
El crecimiento de la economía y del campo no pasa por la intervención ni avance sobre privatizaciones en actividades centrales que hacen a la competitividad de un sector generador de riqueza en el interior y dólares necesarios para estabilizar la macroeconomía.
— Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) July 3, 2021
Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas, tras el anuncio, publicó un comunicado con el título “De una hidrovía más federal a la caja estatal”, donde aseguró que “no es bueno cambiar de caballo a mitad del río, y modificar el statu-quo vigente durante 25 años implica poner en peligro nuestra vía de comunicación con el mundo, al menos que se nos quiera aislar del mismo”.
Este conflictivo escenario, se da en un contexto en el que el río Paraná se encuentra en una bajante histórica: 0,20 metros en el puerto de Rosario, el peor registro de desde 1944. En 2019, este nivel era de 4,49 metros. Sumado a esto, según un informe de CIARA-CEC, las exportaciones del sector agrícola, del cual el Paraná es la vía a destino del 80%, se encuentran en sus volúmenes más altos en 18 años, con un acumulado en el primer semestre de 16.659 millones de dólares.
