Los sucesos ocurridos durante las últimas semanas dan cuenta de los enormes obstáculos que el pueblo tiene que superar. Signada la opinión pública con el proceso electoral, esta semana el Gobierno efectuó el pago de casi 1.900 millones de dólares al FMI en concepto de intereses.
Alberto Fernandez, el día de su asunción en 2019, aseguró que “el país tiene voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo”. “No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Para poder pagar, hay que crecer”, añadió. La salida planteada fue entonces “salir de la lógica de más ajuste, más recesión y más deuda que se ha impuesto en los cuatro años que hoy acaban”.
Mientras que, el ministro Guzmán durante el anuncio del pago, dijo que “el FMI es uno de los peores problemas. Ese préstamo fue vergonzoso, no se usó un solo dólar en mejorar la capacidad productiva, en dar condiciones para que haya más trabajo. Parte se utilizó para pagar deuda y parte se fue de la Argentina. El pueblo nos dio el mandato para resolver ese problema”.
Un mandato que en estas condiciones pareciera ser imposible de cumplimentar, ya que luego agregó que “el pago al FMI tiene que ver con la responsabilidad. El camino es construir un acuerdo en el que digamos lo que para nosotros le hace bien a la Argentina”, completó.
En las calles, otro mandato popular grita exigiendo el no pago e inmediata suspensión de la deuda y las exigencias de la elevación de los salarios rompiendo la barrera de las necesidades de subsistencia.
Así, para evitar hablar “en nombre de” o suponer mandatos que poco se asemejan a la realidad es necesario someter a la decisión popular la continuidad en la política de endeudamiento ejecutada por el gobierno de Cambiemos y continuada hasta nuestros días con el pago indiscriminado de intereses, sin chistar ni parpadear.
La demostración popular se hace progresivamente más contundente y el descontento ya es imposible de taponar con medidas paliativas. Así, la firmeza con que las organizaciones de trabajadores de todo el país vienen plegando una serie de reivindicaciones programáticas mínimas para el sostenimiento de la vida en dignidad, cómo salud, trabajo, aumento salarial, viviendas, se encuentran acorraladas por el argumento del pago de la deuda, anulando toda posibilidad de influir en la dirección del Estado, y con ello sus recursos, su dinero, en fín, su economía.
La condición para que las reivindicaciones se vuelvan posibles es solucionar los problemas de raíz. Hasta los marcos legales y constitucionales permiten someter a plebiscito decisiones que, por fuerza o voluntad, escapan de las manos de los funcionarios, y qué mejor que hacerlo con un tema de tan radical importancia para toda la población argentina como la deuda.
