Las prioridades de la política económica demuestran cada vez más su asimetría con la realidad de los de abajo. Así, a medida que se desarrolla el escenario, los planes van develándose, dejando a la vista los intereses del sujeto al cual buscan representar.
Por abajo, las Madres de Plaza de Mayo, la CTA de los Trabajadores, junto a sindicatos y diversas organizaciones sociales tomaron la fecha reivindicativa del 17 de Octubre y plantaron bandera: “No al pago de la deuda externa”.
La movilización que tuvo lugar hace 76 años fue un hito de la historia política argentina, y expresó a través de la movilización popular un elevado poder de la clase trabajadora para orientar el rumbo en la historia y la soberanía del país.
En aquel entonces, la gesta estalló por el pedido de liberación del entonces secretario de Trabajo, el General Juan Domingo Perón, quien fuera la referencia en la defensa de los derechos de la clase trabajadora.
Los derechos obtenidos desde entonces en adelante fueron conquistas que encuentran su sentido en la conciencia del pueblo movilizado en defender sus intereses para construir una patria justa contra la opresión de las clases dominantes.
En la coyuntura actual, los enemigos del pueblo vuelven a embestir contra sus intereses. La exigencia de dar continuidad al pago de una deuda contraída y utilizada para alimentar el circuito de dinero en el mercado de capitales coloca la correa de la dependencia al pueblo en su conjunto alejándolo del sueño que supo pregonar Perón con la tesis de independencia económica y soberanía política.
En esta crisis, la lucha de arriba, se corta por lo más delgado. Y, en un contexto donde los capitales buscan recomponer sus ganancias, emergen las propuestas de reforma laboral, dando paso a la flexibilización laboral y abaratamiento de la fuerza de trabajo. Hecho que cosechó denuncias por parte de las centrales sindicales, e incluso desde la CGT de Córdoba con una concentración esta semana.
De hecho, la proclama del ministro de Economía por “reducir el déficit fiscal”, recorre una serie de supuestos que alimentan una continua política de flexibilización en las condiciones de vida de las y los trabajadores.
La deuda condiciona a un presupuesto que ajusta los bolsillos del pueblo, mientras las concesiones otorgadas a los sectores hidrocarburíferos y agroindustriales, como las últimas leyes promovidas, aseguran mejores retornos a las empresas ligadas a dichos sectores. A ello se suman las recientes Lelites, instrumentos de ganancia para los fondos comunes de inversión, y las Leliqs, que continúan generando intereses para los bancos.
Los argumentos técnicos que se esgrimen dan una orientación concreta a la política económica en beneficio de unos pocos. Por ello, para que la salida a esta encrucijada terminé por resolverse a favor del pueblo, es fundamental la iniciativa popular y la movilización de los trabajadores.
