Desde una mirada retrospectiva, el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) solo es otra muestra de la continuidad de la injerencia en la política de los organismos financieros multilaterales en nuestro país.
Desde 1956, año en el que Argentina se asoció al organismo de la mano de la dictadura de Pedro Aramburu tras el Golpe de Estado de 1955, en adelante, los destinos de los argentinos permanecieron condicionados por la “colaboración” de programas y objetivos conjuntos durante 41 de los últimos 66 años.
Si bien la historia del endeudamiento externo excede a los vínculos con el FMI, la historización de sus mecanismos desvelan el funcionamiento que traza los rasgos del orden global de nuestros días donde las finanzas ocupan un rol central para comprender el mundo en el que vivimos.
Hasta el presente, el país suscribió veintidós acuerdos, a través de los cuales los gobiernos se sometieron, en mayor o menor medida, al cumplimiento del pago de intereses, metas de déficit fiscal y otras variables macroeconómicas, sólo alcanzables a través de políticas de ajuste.
El primero de ellos sucedió el 4 de diciembre de 1958, un acuerdo “stand by”, el instrumento crediticio del organismo para conceder préstamos a países con problemas de balanzas de pagos. El monto fue de 75 millones de dólares, utilizados con el objetivo de apoyar el “Programa de Estabilización” del gobierno de Frondizi, una convocatoria al sacrificio para sentar las bases del desarrollo del futuro con medidas en materia cambiaria, arancelaria, comercial, tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del gasto público.
La sucesión de los distintos gobiernos militares y democráticos durante la década no representó cambio alguno en la política de endeudamiento con el Fondo, otorgando nuevos préstamos con los argumentos de financiar el déficit fiscal y frenar la inflación a cambio de la supresión de controles de precios y salarios, la privatización de empresas estatales y el aumento de tarifas de servicios.
Durante el regreso del peronismo, la búsqueda de desvincularse del FMI con la cancelación anticipada de algunos créditos se vio truncada bajo la gestión de Celestino Rodrigo en la cartera de Economía, que en un contexto de recesión mundial y acumulación de vencimientos de deuda de períodos anteriores, acordó un nuevo financiamiento en 1975 para sortear el aumento del valor de las importaciones petroleras y la caída de las exportaciones de la mano de un plan de ajuste con devaluación y aumentos tarifarios.
A partir de la dictadura de 1976, se inició un proceso de vertiginoso crecimiento de la deuda externa, de la mano del FMI y bancos norteamericanos, europeos y japoneses, en el marco de inescrupulosas relaciones entre los funcionarios del organismo y de la dictadura, llevando al país a una cesación de pagos que busco resolverse durante la década de los 80’ con nuevos acuerdos y la persecución de metas inalcanzables que sólo justificaron el ajuste.
El menemismo representó la máxima expresión de la indisimulable dirección de los organismos multilaterales en el gobierno argentino, a través del otorgamiento de nuevos capitales, algunos de los cuales fueron inutilizados, pero justificaron la supervisión permanente de los funcionarios del FMI, impulsando la reforma financiera, la flexibilización laboral y empujando al país al abismo.
El empecinamiento por sostener el tipo de cambio del 1 a 1, que llegó hasta al punto de proponer la sustitución del dólar por el peso, intentó sostenerse con un monstruoso crédito de 40.000 millones de dólares del FMI, con aportes del BID, el Banco Mundial y el Gobierno de España con las condiciones de realizar una reforma previsional, reducir salarios y ajustar el gasto público.
Luego del mayor default de la historia, el pago anticipado de los vencimientos de deuda del gobierno de Kirchner en 2006 mantuvo en raya a los técnicos del organismo durante algunos años, aunque manteniendo su membresía en el organismo y tomando deudas procedentes de otros organismos internacionales.
El acuerdo de Macri por un nuevo stand by por desembolsos que alcanzaron los 44,5 mil millones de dólares, el mayor otorgado por el Fondo en su historia, puso de nuevo las botas del intervencionismo financiero sobre la cabeza del país, con un gobierno que no parece contemplar otra salida que seguir por el filo de la senda dialoguista hacia las recetas que versan sobre reducción de déficit, balance y equilibrio para no decir ajuste, inflación y sometimiento del pueblo.
