Con el constante aumento de los alimentos se presenta la disyuntiva entre la necesidad de los trabajadores y la especulación de los mercados.
En un contexto en el que las exportaciones del sector agroindustrial alcanzan volúmenes históricos (53 millones de toneladas durante el primer semestre, un 6,8% por encima del mismo período del 2021, según la Bolsa de Comercio de Rosario), las condiciones del acceso al alimento se encuentran cada vez más comprometidas en el país.
La salida a esta paradójica situación no aparece en el camino del actual modelo productivo, cuyos retornos se destinan principalmente a la liquidación de divisas para el sostenimiento de la deuda externa. A pesar de eso, vemos repetirse y contraponerse los argumentos productivistas e intervencionistas en favor de intereses particulares, mientras se profundiza la incertidumbre de la clase trabajadora.
Un globo inflado por demás
El conflicto bélico, y por tanto, la confrontación de sanciones diplomáticas y económicas entre Rusia y la OTAN tuvo entre sus principales repercusiones el bloqueo de las exportaciones de los cereales producidos en Ucrania y Rusia, constituyéndose como el principal motivo de la desestabilización de los precios y la inseguridad alimentaria.
A pesar de los efectos de la guerra, la problemática no hace más que reflejar la profundidad de una crisis que la antecede: en un reciente informe conjunto de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras del hambre en el mundo aumentaron hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, unos 46 millones más desde 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia por coronavirus.
Tras el acuerdo firmado en Estambul entre las enfrentadas partes, el primer día de agosto partió de Odesa el primer convoy cargado con unas 26.000 toneladas de maiz ucraniano con destino a Libia, abriendo la canilla de anuncios de salidas de buques de carga con millones de toneladas de granos y aceites de los puertos ucranianos hacia el Mar Negro con el objetivo de combatir la crisis alimentaria.
Sin embargo, no tarda en asomar la prioridad que ganan los mercados en la retórica de estos supuestos avances: “Desbloquear los puertos generará al menos 977 millones de euros en ganancias para la economía y una oportunidad para que el sector agrícola planifique los cultivos del próximo año”, aseguró en Twitter Oleksandr Kubrakov, ministro ucraniano de Infraestructuras.
Así, mientras se intenta confundir ganancias con el alivio de las mesas trabajadoras, se siguen recopilando las cifras que ilustran cómo el proceso inflacionario se asimila como una nueva normalidad en todo el mundo, con particularidad hincapié en el rubro vital del alimento.
En Estados Unidos, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de inflación interanual de Estados Unidos se ubicó en julio pasado en 8,5%, seis décimas por debajo del 9,1% observado en junio y la menor suba de los precios desde abril. Sin embargo, los precios de los alimentos siguieron subiendo en julio y aumentaron un 13% respecto del año anterior, el mayor aumento desde 1979.
En Brasil, el IBGE informó una baja de precios mensual de un 0,68% para julio, aliviando la inflación en el país vecino que reúne un avance del 10,07% en los últimos 12 meses. Sin embargo, el sector de los alimentos y las bebidas continuó su tendencia alcista marcando un aumento de 1,30% para julio y con un acumulado interanual del 14,72%. En este caso, productos como la leche larga vida observaron incrementos de hasta un 25,46%.
En consecuencia, los principales efectos de estos porcentajes recaen con mayor incidencia sobre las espaldas trabajadoras, en cuyos bolsillos aumenta la repercusión de los aumentos de los alimentos, prioridad para el sostenimiento de, por lo menos, la sobrevivencia.
Así lo ilustra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organismo multilateral que reúne a 38 de las principales economías del mundo, en un informe en el que señala que “la caída (trimestral) de los ingresos reales por persona en el primer trimestres de 2022 se explica, en parte, por los aumentos de los precios, que han minado los ingresos de los hogares en términos reales”.
Registró un descenso del 1,1 % en ese indicador, a pesar de que el PIB per cápita creció el 0,2 % en el grupo durante el primer trimestre de 2022. Austria (-5,5%) y España (-4,1%) como los países europeos que encabezan las erosiones de los ingresos de las familias. Entre las economías del G7, cayeron un 1,9% en Francia y un 1,8% en Estados Unidos, además de un 1,7% en Alemania.
¿Granero del mundo? ¿y del hogar?
Por estos lados, la acuciante situación puede reflejarse en un reciente informe de Unicef que revela que más de un millón de chicos se saltea una comida por día en la Argentina. A su vez, el organismo señala que el 67% de los hogares recortó el consumo de carne y un 40% el de verdura y fruta para reemplazarlos, en parte, por el consumo de carbohidratos, con más fideos, harina y pan, cuyo consumo aumentó un 20%.
“En los adultos son 3 millones los que dejan de comer una de las cuatro comidas, muchas veces para que coman los chicos”, añadió Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina.
Y mientras tanto los aumentos no parecen tener techo. El pasado jueves, el Indec informó que la inflación de julio alcanzó el 7,4%, el registro mensual más alto desde abril del 2002. De esta forma, el aumento de los precios de 2022 llegó al 46,2% y la interanual el 71%. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 6%.
El economista Daniel Marx, ex presidente del Banco Central y Jefe Negociador de la deuda externa entre 1989 a 1993, nombrado por Sergio Massa en el gabinete económico como asesor en el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y Seguimiento de la Deuda Pública, declaró en una entrevista a fines del mes pasado que “los temores de hiperinflación son exagerados”.
En este marco, las aspiraciones gubernamentales se limitan a ganar algo de tiempo con la insistente estrategia de la unidad del pacto social, que poco ha podido hacer para afrontar una realidad que excede a la voluntad de los diálogos y las buenas intenciones.
En un acto de inauguración del Mercado Lomas de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, el presidente Fernandez atinó a anunciar que junto a Massa convocarán esta semana a empresarios y sindicalistas a “sentarlos en una mesa para marcar una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios”.
Matias Tombolini, flamante secretario de Comercio, aclaró en el mismo que “no vamos a perseguir a los especuladores. Van a sentarse solos a negociar porque les vamos a tocar lo que más les duele: el bolsillo”.
Pero en el ámbito de lo concreto, las urgencias parecen ser otras. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social oficializó el pasado jueves la postergación del encuentro del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para el próximo lunes 22 de agosto a las 15 “por pedido de la CGT y de la propia UIA, porque el 18 de agosto su presidente (Daniel Funes de Rioja) no se encontrará en el país”. La reunión estaba pactada originalmente para el jueves 18.
La última reunión del organismo tripartito, conformado por 16 miembros de cada uno de los grupos gubernamentales, de trabajadores y de empleadores, fue el 16 de marzo, donde las partes acordaron un aumento del SMVM de apenas el 45% en cuatro tramos, para pasar de $33.000 a $47.850.
Hasta el momento, el salario mínimo es de $45.540 para trabajadores de renta mensual y $239,30 por hora para trabajadores jornaleros, al tiempo que el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) de junio alcanzaba los $46.525,30.
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, se define como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, cuestión que parece muy lejana en la situación actual.