Tras la salida del ex-presidente Castillo y la asunción de Dina Boluarte, las calles de Perú se llenaron de manifestantes. Más de 60 personas fallecieron en el marco de la represión del gobierno.
El 7 de diciembre de 2022, tras intentar disolver el Congreso en medio de fuertes disputas entre Poder Ejecutivo y Legislativo, el presidente Pedro Castillo fue destituido de su cargo por medio de un pedido de vacancia aprobado por 101 votos a favor en el Congreso.
Tras esto, la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia. A partir de ello, miles de peruanos salieron a manifestarse reclamando su dimisión y la convocatoria a nuevas elecciones. Durante este período de tiempo, más de 60 personas fallecieron en medio de las protestas y la represión policial.
Campesinos, trabajadores y estudiantes de diversas regiones del país andino que se movilizaron hacia Lima y generaron bloqueos en varias provincias, denunciaron la instauración de una dictadura cívico-militar. A su vez, reclamaron por la creación de una Asamblea Constituyente, el adelantamiento de las elecciones y justicia por los muertos y heridos.
En este marco convulso, hace unas semanas el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas le dió un plazo de 60 días al gobierno peruano para enviar una investigación y una respuesta por el uso de las fuerzas represivas y las muertes en las manifestaciones.
Asimismo, en regiones como Puno y otras ciudades del interior del país las movilizaciones aún no cesaron. El pasado fin de semana en la ciudad puneña de Juli según los reportes de la Defensoría del Pueblo al menos 16 personas resultaron heridas lueg o de enfrentamientos entre manifestantes y policías.
