La asamblea Salud de Córdoba Unida realizó un nuevo paro con movilización el pasado miércoles, en unidad con otros sectores de trabajadores y jubilados autoconvocados.
La provincia de Córdoba fue testigo de una nueva movilización de los trabajadores de la salud pública, en otra demostración de una fuerza que se mantiene vigente a más de cuatro meses del estallido del conflicto que expuso a la luz la crisis del sistema sanitario provincial y la precariedad laboral del gobierno provincial.
La convocatoria contó con una masiva participación de los profesionales del polo sanitario de la ciudad de Córdoba, como así también de los trabajadores de centros de salud de varias localidades del interior de la provincia.
Los motivos de la nueva medida de fuerza hilan una continuidad con los reclamos que se prolongan desde noviembre del año pasado, centrándose en la recomposición salarial y la incorporación de más personal, denunciando el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno provincial, la vulneración de los derechos del paciente, la precarización laboral de los trabajadores sanitarios y la falta de recursos físicos e insumos de trabajo.
Silvio Duje, delegado del Hospital de Villa Dolores de Salud de Córdoba Unida, en diálogo con este medio denunció que “la mayoría de los básicos no llegan a la canasta básica familiar” y la situación de precariedad que atraviesa el sector. Por otro lado, apuntó que “lo único que ha hecho el gobierno provincial fue dilatar los reclamos, buscando la división del sector en base al cansancio y apostando al miedo por medio de los descuentos por paro, en coordinación con el gremio oficial”. “Las medidas se van a recrudecer, seamos 10.000, 100 o 10”, sentenció.
A su vez, a medida que se suceden las protestas, la organización profundiza un marco de unidad aunando fuerzas con otros sectores de trabajo afectados por las políticas que atentan contra las condiciones de vida de toda la población, como los docentes públicos y los jubilados, ampliando el reclamo salarial y presupuestario a la educación, como así también a través de la exigencia de la derogación de la ley jubilatoria N° 10.694.
