El empeoramiento sostenido de las condiciones de vida en el país parece no encontrar fin. Como si la inflación galopante no fuera suficiente, fulminando cualquier aumento salarial por más alto que este sea, la población trabajadora debe también someterse a la desocupación, al trabajo precarizado, y si con suerte consigue algo “en regla” esto ni siquiera le alcanza para llegar a fin de mes.
La contracara de ello es una feroz guerra por el control de los recursos que está llevando puesto al mundo tal como lo conocemos. Los grandes Fondos Comunes de Inversión, junto a todo su entramado de grandes corporaciones y gobiernos de distintos países, se reúnen periódicamente para evaluar sus propias salidas a la crisis. En la práctica dicha salida consta de un ajuste generalizado a la clase trabajadora, sean activos o jubilados, para seguir ampliando los márgenes de ganancia privados.
De esta manera los gobiernos deben ajustar el gasto para hacer frente a las deudas que ellos mismos asumen para brindar sostenibilidad al marco de políticas hechas a medida de los organismos multilaterales. Ello se expresa a través de reformas como en Francia o Uruguay, y también en el país con el canje de bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o la Ley 10.694 en la provincia de Córdoba.
Ante ello, la respuesta por parte del movimiento obrero se generaliza con protestas a lo largo y ancho del globo, cuestión que también se manifiesta con contundencia en nuestro país, como vienen siendo las masivas movilizaciones de los trabajadores de la salud y la educación.
Así como las consecuencias de la guerra recaen sobre el hombro de los trabajadores sin importar el sector o el territorio en el que se encuentren, debe existir una respuesta de igual escala para revertir la situación. Para ello es condición primera la unidad de los que luchan para lograrlo.
