Desde distintos puntos del país, organizaciones sociales y gremiales realizaron comunicados y movilizaciones ante la represión. Centrales de trabajadores convocaron a un paro nacional, mientras que la CGT mostró su apoyo a través de un comunicado.
La semana del 12 de junio, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a una movilización hacia la Casa de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires en rechazo al decreto. Sin embargo, la nueva reforma constitucional se aprobó esa misma semana.
Ante ello, organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos realizaron movilizaciones el martes 20 de junio en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, Trelew, San Miguel de Tucumán y Neuquén contra la reforma y por aumento salarial, que se extendieron por hasta dos días en algunas localidades.
Por su parte, la Ctera definió un paro docente y jornada nacional de lucha para el jueves 22 de junio bajo la consigna “Basta de reprimir al pueblo jujeño”, también acompañada de movilizaciones en casi todas las provincias del país.
En el comunicado de la organización exhortaron “al gobierno provincial que cese con esta política sistemática y antidemocrática contra las organizaciones gremiales y el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores”.
Además, comentaron que la convocatoria al paro tuvo el objetivo de visibilizar “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”. En el marco de sus reclamos por mejoras salariales, el gobierno de la provincia decidió “impulsar una Constitución inconsulta y antidemocrática”, respondiendo con represión.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) se sumaron al paro nacional e impulsaron movilizaciones en distintas ciudades. Adhirieron a la convocatoria la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la Corriente Federal, el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESIMONA), la UTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Finalmente, la Confederación General del Trabajo (CGT), a través de un comunicado, repudió la represión y se declaró en estado de “alerta”, aunque sin adherir a la convocatoria de paro y movilización. En el comunicado responsabilizan al gobernador Gerardo Morales de “no dialogar” y de pretender defender su reforma de la Constitución provincial “a los tiros”.
