Una nueva contienda electoral tuvo lugar el pasado domingo en medio de una de las crisis económicas y políticas más importantes de la historia del país.
Durante los últimos días de la campaña presidencial se produjo el asesinato en un tiroteo del candidato Fernando Villavicencio, de la agrupación Construye, quien previamente había denunciado amenazas en su contra. Además, el dirigente de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, Pedro Briones, fue asesinado en la provincia de Esmeraldas en un acto político.
Luego del asesinato de Villavicencio, el presidente Guillermo Lasso, tras una reunión con un comite de seguridad del gobierno, decretó el estado de excepción a nivel nacional por 60 días. A su vez, ratificó la continuidad del proceso electoral y pidió apoyo a la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos para llevar a cabo la indagatoria por los crímenes. “La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”, aseguró en redes sociales.
El lunes pasado, una comisión del FBI llegó a Ecuador. Juan Zapata, ministro del Interior, informó que la comisión ya “ha tomado contacto con la policía” y sostuvo una reunión “tripartita” con la Fiscalía General del Estado para determinar “el ámbito de la colaboración y apoyo” que dará el FBI en la investigación del crimen.
Cabe resaltar el contexto de estas elecciones, luego de que Lasso activara en mayo pasado lo que se conoce como “la muerte cruzada”, una medida tomada para disolver la Asamblea Nacional, que se encontraba iniciando un juicio político en su contra. A su vez, el decreto implicó el llamado a elecciones dentro del plazo de los próximos seis meses, poniendo fin a su mandato de forma anticipada.
