“Esta acción busca disciplinar a las organizaciones combativas y, a través de hostigamiento judicial, silenciar a quienes están luchando”, dijo Federico Giuliani, dirigente de ATE y CTA Autónoma, enjuiciado por protestar.
El lunes 30 de octubre, el juez de Instrucción del Distrito 4 de Córdoba, Ernesto de Aragón, elevó a juicio la causa contra dirigentes de organizaciones sociales y sindicatos por su participación en la Marcha contra el Hambre que tuvo lugar el 5 de abril pasado.
El fiscal acusa a Federico Giuliani, Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano de ser “coautores de los delitos de Desobediencia a la Autoridad e Impedimento u Obstrucción de Transportes o Servicios Públicos.”
En este contexto, mantuvimos una conversación con Giuliani, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de CTA Autónoma en la provincia de Córdoba. “En vez de utilizar el Estado para disputar la riqueza y solucionar los problemas de la gente, usan el aparato judicial y represivo para amedrentarnos“, dijo.
¿Cuál es el contexto de la elevación de la causa a juicio?
Este episodio se desarrolla en medio de una constante tensión en la provincia de Córdoba, donde ATE y las organizaciones sociales y piqueteras han sido actores relevantes en contra de las políticas de ajuste impulsadas por Juan Schiaretti. Como resultado, ahora enfrentamos un proceso legal.
En otras palabras, esta acción busca disciplinar a las organizaciones combativas y, a través de hostigamiento judicial, silenciar a quienes están luchando. Esta práctica por parte del sistema judicial y la represión es un fenómeno diario y sistemático.
A 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina, resulta irónico que de Aragón actúe como un fiscal de la dictadura. Su decisión de elevar la causa a juicio, basada en los eventos del 5 de abril, parece ser un pretexto sin fundamento que nos remonta a esos oscuros años.
Esta medida plantea la cuestión acerca de si la protesta es un derecho o un delito. En este contexto, consideramos que la causa, que se elevó rápidamente a juicio, carece de fundamentos sólidos, ya que los testigos utilizados por el fiscal son miembros de la propia policía que participaron en la represión de las movilizaciones.
Además se suma un hecho inédito en democracia: cuando nos imputaron y pintaron los dedos a mitad de abril, nos quitaron los teléfonos celulares y luego nos enteramos que ingresaron en los aparatos para hacer inteligencia sin ninguna orden judicial.
¿Cómo fue el accionar de la justicia a partir de la “Marcha contra el Hambre”?
Cabe aclarar que a mediados de marzo la Cámara de Comercio de Córdoba, entidad que forma parte del grupo de G6, que le marca la cancha a Schiaretti y que además son parte de la Fundación Mediterránea, presentaron un amparo para detener las movilizaciones en el centro de la ciudad alegando una supuesta caída en las ventas de los comercios.
A pesar de su inconstitucionalidad, dado que viola los derechos protegidos por el artículo 14 Bis de la Constitución, el juez Fernández López accedió rápidamente a esta solicitud y la hizo efectiva el 1 de abril.
Este fallo judicial otorgó a la Fiscalía y a la Policía provincial la autoridad para detener e imputar a quienes bloquearan las calles durante las movilizaciones. El 5 de abril se llevó a cabo la “Marcha contra el Hambre”, como parte de una jornada nacional de protesta, donde movilizamos a 11.000 personas en las calles de Córdoba.
A pesar de haberse realizado en acuerdo con la Policía, el 9 de abril nos llega la imputación por dos causas: obstrucción del transporte público, a pesar de que se permitió el paso de vehículos con urgencia (incluso hay evidencia en video de esto), y desobediencia a la autoridad policial, una acusación completamente falsa, dado que el corte de calles fue acordado con ellos.
¿Cuál es la posición del gobierno?
En lugar de convocar al diálogo y desarrollar políticas públicas para abordar la crisis del hambre, la falta de empleo y los bajos salarios, el gobierno opta por una actitud criminalizadora y simplista.
Piensan que protestar por un derecho es un delito, lo que da como resultado que todo aquel que proteste debe ser enjuiciado y metido preso. En vez de utilizar el Estado para disputar la riqueza y solucionar los problemas de la gente, usan el aparato judicial y represivo para amedrentarnos.
Todos sabemos que lo que se avecina es más ajuste. El mensaje que intentan transmitir es que responderán a la conflictividad social a través de la judicialización de las protestas y tratando a los luchadores sociales como criminales.
¿Han expresado solidaridad otras organizaciones?
Hemos recibido numerosas muestras de solidaridad. Saludamos la gran cantidad de adhesiones, comunicados de prensa y mensajes de apoyo de organizaciones hermanas del pueblo.
Sobre eso también tenemos la perspectiva de construir un espacio multisectorial, una coordinadora que empiece a sistematizar este tipo de acciones y sea capaz de generar un cuerpo sólido para lo que se viene. Tenemos que dejar en claro que con todo este trabajo conjunto no nos van a disciplinar.
También sabemos que la medida tiene cabida en parte del electorado. Una parte de la sociedad piensa que quienes nos movilizamos, y luchamos por nuestros derechos, somos planeros, corruptos y que hacemos los piquetes porque nos gusta.
Frente a esto, parece que algunas fuerzas políticas no quieren perder ningún voto al adoptar ciertas posturas en este tema.
¿Cuáles son las próximas medidas que tomarán al respecto?
En los próximos años, anticipamos un aumento en la conflictividad social. Personalmente, tengo cuatro años más en mi mandato como secretario general de ATE Córdoba, y esta situación me afecta significativamente, ya que cualquier causa adicional en mi contra podría resultar en mi encarcelamiento.
En el corto plazo, presentaremos un recurso judicial para revocar el juicio debido a su inconstitucionalidad. Esta iniciativa seguramente se llevará a cabo con una convocatoria y radio abierta. Comprendemos que este problema va más allá de lo judicial; es un problema político y de fuerza.
