Según aluden los trabajadores, la empresa apunta contra la Municipalidad por la falta del pago de los subsidios correspondientes.
Desde principios de año, trabajadores de la Coca-Cola y Bagley de la provincia de Córdoba, dos empresas multinacionales del sector alimenticio, fueron sentenciados por pedir mejoras salariales y la reincorporación de compañeros despedidos.
A ello se le sumó el procesamiento de referentes gremiales y de organizaciones sociales el pasado 20 de octubre por organizar y participar de la “Marcha contra el hambre” (ver: Entrevista). En paralelo, el Poder Judicial también avanzó en los casos de los estudiantes de las tomas universitarias de 2018 y los trabajadores de Molinos Minetti, enjuiciados y sentenciados por protestar en el año 2019.
Avanza la causa contra estudiantes
La Justicia Federal llamó para el próximo 15 de diciembre a audiencia preliminar a 27 estudiantes de la UNC por participar de las tomas universitarias en el año 2018. Según el comunicado difundido por la agrupación Amaranto, el objetivo de la audiencia “es avanzar en la criminalización de las luchas ya que buscan amedrentar al movimiento estudiantil para que no se levante como hizo en 2018 en defensa de la educación pública gratuita, laica y de calidad”.
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Además, los estudiantes dijeron que “queda en evidencia que la herramienta que más les preocupa es la movilización social, por eso quieren quitárnosla”. Frente a ello, “ponen el foco en seguir persiguiendo y reprimiendo a quienes nos atrevemos a alzar la voz ante las injusticias y defender nuestros derechos”, concluyeron.
Contexto de persecución
En mayo de este año, la Justicia de Córdoba condenó a extrabajadores del Molino José Minetti por la toma del establecimiento situado en el camino a San Antonio, en la zona suroeste de la ciudad de Córdoba, el 12 de julio de 2019.
En ese entonces, los trabajadores reclamaron el pago de 3 meses de salarios atrasados, incumplimiento de la ART y de aportes patronales. Luego de un largo conflicto, hubo 18 imputaciones de las cuales condenaron a los delegados gremiales Enrique Gómez y Cristian Daniel Jamud a un año y seis meses de prisión condicional; y a los empleados Juan Abel Álvarez y Martín López a un año de prisión condicional.
El resto de los imputados no llegó a condena porque aceptaron acuerdos conciliatorios que dieron por extinguida la acción penal. Los trabajadores habían expresado que ello se realizó “a través de acuerdos extorsivos, que incluyeron resignar deudas económicas de la empresa para con trabajadores y futuras demandas laborales.
También a principios de año, trabajadores de la Coca-Cola de la ciudad de Córdoba hicieron un reclamo frente a la empresa pidiendo un aumento salarial para no perder con la inflación. Producto de dicha acción, treinta trabajadores fueron despedidos por “haberse ausentado de su puesto de trabajo sin justificación ni sustento jurídico alguno”, según alude la empresa multinacional. En realidad la medida estaba contemplada dentro de los marcos solicitados por la legislación gremial.
Otro caso similar se dió en Bagley, perteneciente a la empresa Arcor, donde los trabajadores de la planta ubicada en la ciudad de Córdoba realizaron una manifestación en reclamo por el despido arbitrario de un compañero, a lo que la empresa respondió con 29 despidos más.
