Cocaleros piden la renuncia de los jueces del Tribunal Constitucional de Bolivia, quienes inhabilitaron a Evo Morales para presentarse en próximas elecciones.
El lunes 22 de enero, miles de productores cocaleros iniciaron bloqueos de rutas en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. La medida se anunció para exigir la renuncia de los magistrados que inhabilitaron al exmandatario Evo Morales para presentarse en las elecciones presidenciales del 2025.
Las movilizaciones se extendieron por más de diez días y, según advirtió Humberto Claros, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), “esto va a crecer, está empezando recién y se sumarán otras regiones y otros puntos”.
Estas medidas de fuerza alimentan las internas en el MAS entre quienes apoyan al expresidente y quienes se mantienen en las filas del actual mandatario, Luis Arce.
En este sentido, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció: “está confirmado que existe la intención de incendiar a nuestro país por intereses personales, por intereses mezquinos, políticos y por ambiciones de poder”.
Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, arremetió contra los manifestantes en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno en La Paz, aludiendo a las pérdidas por 680 millones de dólares.
El 30 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional de Bolivia inhabilitó al expresidente, Evo Morales, para presentarse en las elecciones presidenciales del 2025. Según lo planteado en la sentencia del Tribunal, la eliminación de este apartado era “una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder”.
El viernes 2 de febrero, las fuerzas políticas de Bolivia acordaron enviar un proyecto de ley para convocar a elecciones judiciales, la principal exigencia de los manifestantes. La elección de los magistrados en el poder judicial de Bolivia son electos por medio del voto popular con previa selección de candidatos desde el Congreso.
