La participación del gobierno norteamericano se confirma luego de que el presidente de Ecuador dictaminó el estado de sitio y de “conflicto armado interno” a principios de enero.
El 22 de enero arribó una delegación del Estado norteamericano a Ecuador en el marco del conflicto contra grupos vinculados al “crimen organizado”, según sostiene el gobierno. Entre los funcionarios se destacó la presencia de la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg.
Tras una reunión, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, afirmó que la visita de la delegación estadounidense era “una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”.
Según lo informado por el Departamento de Estado, EE.UU. se comprometió a donar “más de 20.000 chalecos antibalas y más de 1 millón de dólares en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias” y a capacitar personal policial. Asimismo, se anunció que “el FBI incrementará su personal en ese país para apoyar a la Policía Nacional del Ecuador y a la Fiscalía General del Estado”.
El 20 de julio de 2023 se firmó un memorándum para reforzar las fuerzas armadas ecuatorianas en el combate contra amenazas a la paz y la seguridad entre EE.UU. y Ecuador. Asimismo, el 27 de septiembre del mismo año, aún bajó la presidencia de Guillermo Lasso, se firmó un marco regulatorio que permite la participación de personal militar estadounidense en Ecuador.
La situación en Ecuador
El 8 de enero, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, firmó el Decreto N° 110 que declara el estado de sitio en todo el territorio nacional por 60 días y la movilización de la policía y las fuerzas armadas frente a la creciente ola de hechos delictivos llevados adelante por bandas criminales.
Asimismo, con el Decreto N° 110, se suspenden temporalmente los derechos de libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, y libertad de tránsito.
Posteriormente, el 9 de enero, Noboa firmó el Decreto N° 111 que declara la existencia de un “conflicto armado interno”. Mediante este documento, 22 grupos criminales pasaron a ser considerados como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. Frente a ello se ordena a las Fuerzas Armadas a “ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos” para “neutralizar” dichas organizaciones.
La decisión se dió en el marco de una escalada violenta en las principales ciudades de Ecuador, la fuga de miembros de organizaciones criminales de cárceles, y el asalto a universidades y medios de comunicación. Con 135 votos afirmativos, la Asamblea Nacional apoyó de forma unánime los decretos de Noboa.
