“Las políticas que buscan implementar con el DNU y la Ley Ómnibus forman parte del programa de saqueo y explotación que pensaron para el país las clases dominantes mundiales”, señaló el comunicado leído en la movilización en Villa María en el marco del paro general.
El carozo central de este programa apunta a quedarse con la caja de recursos del sistema jubilatorio alojadas en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad; con empresas nacionales y estatales; y con las obras sociales sindicales. Sumado a ello, el achique en áreas esenciales como salud, educación, programas de financiamiento al trabajo y la venta de territorios para el saqueo extractivista.
El objeto de estas medidas supone la transferencia de recursos desde los sectores populares, trabajadores, estudiantes, productores agrícolas, pequeños e -incluso- grandes industriales hacia el capital financiero global y sus grandes conglomerados farmacéuticos, biotecnológicos, mineros y petroleros.
Ese cuello de botella que se achica sobre la base de la emisión, la inflación y el ajuste, obliga al gobierno a acudir a los Fondos de Inversión, con la emisión de letras y bonos, y a los organismos de crédito internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, para financiarse garantizando que estos actores continúen de fiesta con la crisis.
Esos elementos de la situación son omitidos o relegados ante las urgencias parlamentarias. Al igual que en las elecciones del año pasado, la clase dominante busca canalizar el descontento social por la vía legal, y el escenario principal de disputa se oculta detrás del orden parlamentario. Mientras que el programa de las condiciones de vida se esconde debajo de la alfombra.
Será cuestión de dejar de correr detrás de aparentes urgencias y construir lo necesario en cada territorio para que emerja con fuerza incontenible el programa de las condiciones de vida.
