El Gobierno profundiza los recortes pese a los informes que reflejan el crecimiento de la pobreza y la indigencia.
Después de la reunión del Consejo del Salario, que terminó sin acuerdo debido a la negligencia de las entidades empresarias y la Secretaría del Trabajo, el Gobierno definió unilateralmente una suba del salario mínimo del 30%, llevándolo a $180.000 para febrero y a $202.800 para marzo.
Tras el aumento, el vocero Manuel Adorni anunció que los “planes sociales van a ser descalzados del salario mínimo”. A su vez, la gestión de Javier Milei redujo el universo de trabajadores dependientes que cobran la asignación por hijo del sistema formal de seguridad social.
Por su parte, el jueves pasado la Secretaría de Energía realizó una audiencia para validar una quita de subsidios a los hogares. Los subsidios serán asignados a los usuarios cuando el gasto en tarifas energéticas supere el 10% de los ingresos del “grupo conviviente”. El Gobierno estimó que las familias argentinas tendrán un gasto promedio de entre $30.000 y $40.000.
Estas decisiones se dieron en el marco de la publicación del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) en el que se indicó que la población indigente ascendió del 14,2% en diciembre al 15% en enero, y la tasa de pobreza pasó de 49,5% al 57,4% en el mismo periodo.
