La conflictividad se exacerba en medio de una situación económica que no da respuestas a la precarización del trabajo, mientras que los salarios no logran hacer frente a los incrementos desproporcionados en alimentos, alquileres y todo lo que conlleva el costo diario de vida.
A este escenario se sumaron los miles de despidos en la administración pública y en el sector privado que, de hecho, convalidan una reforma laboral pregonada por las patronales empresariales.
En este contexto desde el gobierno celebran los datos del superávit fiscal y financiero que son difundidos como logros de gestión, aun cuando ello implicó que los jubilados y pensionados hayan sido quienes pagaron el costo del ajuste. En paralelo, determinaron sus ingresos por decreto en $172 mil pesos para abril y el diferimiento del pago para el mes próximo.
Este esquema busca dirigir los recursos al pago de la deuda externa, la cual está justificando el modelo de ajuste fiscal, e incrementar las exportaciones para conseguir dólares que garanticen el pago de la misma.
Aunque se respira el pedido de un paro general, desde la central obrera no han aproximado una fecha certera, y solo han anunciado que el 1 de mayo será un día de movilización para reflejar el descontento.
Todo indica que más allá del pedido a la central, hoy el paro general es una tarea que debe orientar al movimiento obrero desde cada localidad por más “pequeña” que parezca. Desde las medidas regionales, con la necesidad de activar las acciones de lucha en todos los territorios, está la llave para destrabar esta encrucijada.
