La entrega de los recursos mineros, hidrocarburíferos y agropecuarios a las corporaciones globales es la coronación que buscan con la aprobación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
Actualmente se debate en comisiones del Senado la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos”. Sucede que la normativa es más que un mero ordenamiento jurídico-institucional.
Los más de 200 artículos redactados expresan un estado de situación de la sociedad caracterizado por la disputa feroz entre fracciones de poder que luchan por orientar el curso del Estado, y condicionar a la clase trabajadora para las próximas décadas.
En el centro de este proyecto se encuentra su corazón encubierto detrás del objetivo de promover inversiones y mejorar la competitividad y el desarrollo productivo, el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
Por sus características, este capítulo parece estar escrito bajo el mandato de los grandes grupos inversores -globales- que tienen su asiento en la explotación indiscriminada de los recursos naturales mineros, hidrocarburíferos y agropecuarios, fuertemente concentrados en empresas con sedes centrales en países extranjeros y todas vinculadas directamente por la dimensión financiera.
RIGI: el país servido en bandeja
Entre las características del régimen se promueven beneficios para las corporaciones que se propongan la explotación de recursos estratégicos, siempre y cuando los proyectos superen los 200 millones de dólares hasta los 900 millones de dólares.
Entre sus beneficios se destaca una reducción del impuesto a las ganancias que pasaría del 35% para grandes inversores a 25%; además, les facilita a los titulares de los proyectos el pago del IVA a través del crédito fiscal.
También quedan eximidos del pago de tasa estadística, del impuesto PAIS, y derechos de importación; Exención del pago de derechos de exportación luego del tercer año y del segundo si es considerado exportación estratégica; no aplican percepciones de IVA y ganancias. Es posible utilizar el impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta del impuesto a las ganancias; entre otras.
Además, la seguridad jurídica de los inversores, excediendo a la potestad de la Justicia Nacional, será garantizada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington. Y, tal como establece el artículo 223 del Título IX, los proyectos “gozarán de la garantía de estabilidad” por un plazo de 30 años contados desde la fecha de adhesión.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “entre los beneficios cambiarios, se encuentra la eliminación de la exigencia a liquidar dólares producidos por sus exportaciones en el mercado de cambios de Argentina, a partir del tercer año desde la fecha de adhesión al RIGI”. Para el centro de estudios, el objetivo del RIGI “es la entrada de dólares frescos en un corto plazo con la intención de liberar el cepo cambiario y permitir exteriorizar activos capitalizados en el mercado financiero”.
El documento concluye que “el contraste es fenomenal: para los trabajadores, periodo de prueba de hasta 1 año, por la misma Ley Bases que obtuvo media sanción, mientras que para algunos grandes empresarios que ingresan al RIGI, eliminación de impuestos y acceso a dólares por 30 años”.
Industriales rechazan el RIGI
Algunos sectores industriales observan con preocupación el escenario de extranjerización que avecina la aprobación del RIGI. Por caso, durante las últimas semanas la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina (ADIMRA) se puso en pie de guerra contra el régimen.
Según declaró a la prensa el presidente de Adimra, Elio Del Re, los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales para producir “ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes”.
En una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, y a diputados, la Adimra les había expresado que el RIGI tendría un “impacto negativo” sobre el sector al “atentar contra la industria nacional y las pymes”. Destacó una asimetría en “las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales” ya que estos podrán traer bienes producidos en el exterior a menor costo.
Por su parte, el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Alberto Kahale, publicó una columna de opinión en Diario Perfil explicando que si la Ley Bases y el RIGI son aprobados “no estaremos en condiciones de competir con las grandes empresas”. “Esto se debe a que esos puntos perjudican de lleno a los pequeños y medianos comerciantes, empresarios e industriales de todo el país”, comunicó.
Kahale resaltó la importancia del las pymes ya que “representan el 99,4% del total de empresas del país y emplean al 64% de los asalariados registrados”, al tiempo que expresó la necesidad de “sentarse en una mesa de trabajo y plantear el estado de situación, las necesidades y hacer propuestas”.
Otra entidad que cuestionó el proyecto fue la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), al observar “con preocupación cómo este régimen ayudaría de manera desproporcionada a las grandes empresas extranjeras en términos tributarios, aduaneros y cambiarios, lo cual sería un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo de las Pymes”.
“La falta de regulación en términos de porcentaje de insumos y mano de obra nacional podría debilitar considerablemente la capacidad de las Pymes para competir”, sentenciaron.
Con una postura intermedia se refirió el presidente de UIA, Daniel Funes de Rioja, sobre el régimen: “se debería contemplar, un nivel menor para no dejar afuera a las pymes y medianas”. “Quiero dejar en claro que apoyamos la ley Bases. Entendemos la estabilización como requisito indispensable” si queremos “un país que quiera jugar en el concierto global”.
Las globales apoyan
El RIGI “es una herramienta esencial para que el país pueda poner en marcha la producción minera, y de otros sectores estratégicos, al generar un marco de certidumbre”, sostiene el comunicado emitido por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Esta herramienta “generará beneficios para nuestro país, en un momento tan crítico como el actual y permitirá un crecimiento ordenado y constante en las próximas décadas”, sentencia la CAEM.
Anteriormente el RIGI había recibido el apoyo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) quien a través de un comunicado planteó la necesidad de la reforma laboral.
Desde el sector de la energía también hicieron llegar sus apoyos durante el VI Foro Nacional de Energía, Libertad y Seguridad Energética organizado por LIDE que reunió a los principales actores del sector.
Allí, Alejandro Bulgheroni, CEO de Pan American Energy habló de una “nueva Argentina” tras la llegada de Milei al gobierno a la que caracterizó como “una tierra de oportunidades por el cual hay sectores económicos con ganas de desarrollarse e invertir”. Y comentó que “esto no será posible si el Congreso no sanciona las leyes para dar previsibilidad a las inversiones”.
De la partida también participó Horacio Marín, presidente de YPF, quien expresó que “sin el RIGI, no hay proyecto de gas natural licuado. Sin RIGI no es competitivo”.
Desfile ante el mejor postor
Hace diez días el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolas Posse, desfilaron en EE.UU ante inversores donde expresaron los avances de las reformas planteadas en el país alentandolos a desembolsar capitales en un mejor ambiente de inversiones, según la comunicación oficial del Gobierno.
Entre los inversores visitados estuvieron Citi, IBM, Chevron, Blackstone, Carlyle, Fortress y Eldrige. También el jefe de Gabinete se reunió con el ministro de Inversores de Arabia Saudita, Khalid A. Al-Falih, quien mostró “un interés significativo en sectores estratégicos como alimentos, energía y minería”. Otra de las instancias fue la participación de la mesa Leaders in finance, la reunión de líderes en finanzas en el marco de la Conferencia Global del Instituto Milken.
