Desde su propuesta inicial, instituciones representantes de grandes empresas, como la Unión Industrial (UIA), el Consejo Agroindustrial (CAA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Cámara de Comercio de EE.UU en Argentina (Amcham), dieron el visto bueno al Pacto de Mayo buscando coronar un acuerdo de beneficios para el sector privado.
Funcionarios políticos fueron sumando sus apoyos al llamado. Incluso, los últimos anuncios de Milei acerca de la postergación del pacto, inquietaron la paciencia del gobernador de Córdoba -y anfitrión-, Martín Llaryora, por sellar los acuerdos respecto a la política económica y fiscal, la misma que unos días atrás el propio FMI anunció su “sobrecumplimiento”.
El plan es de ajuste a la educación y la salud, endeudamiento llevado a niveles récord, la primarización de la economía para la exportación y la promoción de reformas en lo laboral y previsional.
En su guerra por los recursos empujan por el abaratamiento permanente del costo laboral, llevando al extremo las condiciones de vida. Muestra de ello es que la mitad de los argentinos vivimos en la pobreza.
Para llevar a cabo este plan necesitan reforzar la presencia territorial de las Fuerzas Armadas y policiales, la represión y persecución de organizaciones populares y dirigentes sociales, y aplicar una política de masas dirigida a la división del pueblo.
En ese marco, la consigna del “NO al pacto” excede la oposición a la firma como acto formal y se presenta como posibilidad de construir un plan para alimentar la lucha popular. De nuestra predisposición para organizar y concretarlo dependerá evitar el pacto de la entrega.
