Trabajadores municipales iniciaron un reclamo por una recomposición salarial y la Municipalidad de Villa María respondió con una denuncia penal.
El conflicto comenzó el día miércoles en el Corralón municipal, ubicado en el barrio Las Acacias, cuando los trabajadores de dicho sector realizaron una asamblea en la que se decidió el inicio de un paro por tiempo indeterminado y se visibilizó el reclamo con el bloqueo del ingreso y la quema de neumáticos.
A la mañana del día siguiente, la protesta se trasladó a la puertas del Palacio Municipal, donde trabajadores administrativos, del área de salud y de cooperativas de servicios, entre otros, se sumaron al cese de tareas, cortaron el tránsito y expresaron su malestar con bombas de estruendo, bombos y quema de neumáticos. Se hicieron presentes también representantes del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), la CTA Autónoma y jubilados municipales.
En declaraciones a Tribuna, Claudio Guevara, delegado del Corralón, denunció que desde noviembre los salarios se actualizaron en un 30% y que el ingreso inicial se encuentra en los $180.000. “No estamos pidiendo más plata para esparcimiento, estamos pidiendo para comer. Los trabajadores municipales estamos pasando hambre”, subrayó.
“Nosotros pedimos 350.000 al básico, juntamos firmas, las llevamos al gremio y el gremio las llevó al intendente. Luego vinieron con una propuesta totalmente irrisoria: 50 mil pesos en negro por única vez y adelantar el aguinaldo. Las bases dijimos basta”, explicó el trabajador.
Tras la jornada de protesta, el secretario de Gobierno de la ciudad, Marcos Bovo, apeló a la criminalización del reclamo al indicar que la gestión municipal decidió iniciar un sumario administrativo y presentar una denuncia penal contra los trabajadores por “daños al patrimonio de los villamarienses”.
En declaraciones al medio Villa Maria Ya, el funcionario calificó el reclamo como “extratemporal” al indicar que la vigencia del acuerdo paritario se extiende hasta junio. Cabe remarcar que el acuerdo al que hace mención estableció un aumento del 23,5% para el mes de febrero y una actualización para los salarios de marzo y abril calculada a partir del 50% del Índice de Precios de Consumo (IPC) del Indec en febrero y marzo.
“Todos conocemos que existe una legislación vigente que toda protesta debe garantizar, y en eso somos muy respetuosos del derecho de cada trabajador de poder realizar el reclamo que considere, pero que nunca violente el derecho a la libre circulación”, añadió Bovo, al tiempo que definió la expresión de los trabajadores como “actitudes intolerantes”.
Ayer, tras una reunión en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, se dictó la conciliación obligatoria entre las partes.
