Las centrales obreras convocaron a un acto. ATE bloqueó accesos al aeropuerto y fueron reprimidos.
El 25 de mayo, ante la visita de Javier Milei a la ciudad, las dos CGT de Córdoba, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, junto a organizaciones de la economía popular y la cultura realizaron un acto bajo la consigna “La Patria no se vende. Contra el DNU 70/2023 y la Ley Bases”.
“¿De qué sirve no tener inflación, si el país es un cementerio de fábricas cerradas? Con argentinos y argentinas con hambre, sin tierra, sin hogar, sin educación y sin salud. Digámoslo una vez más: el país que este gobierno está delineando es para pocos, muy pocos”, comenta el documento único firmado por las organizaciones.
En el acto se concentraron alrededor de 10.000 personas a pocas cuadras de Plaza San Martín, lugar en la que se encontraba el presidente encabezando el acto por el 25 de Mayo.
Protesta y judicialización
Por otro lado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un corte en los accesos al Aeropuerto de Córdoba “para expresar el repudio a las políticas de saqueo y hambre que el Gobierno Nacional lleva adelante, con despidos y vaciamiento de los organismos del Estado en la provincia”, manifestaron en la convocatoria. Además declararon a Milei “persona no grata”.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE nacional, previo a la movilización dijo que “la Ley Bases y el pretendido pacto con las provincias son instrumentos para garantizar mayor explotación laboral, extractivismo sin límites y más ajuste”.
Como respuesta a la medida, las fuerzas de seguridad provinciales reprimieron la protesta desalojando a los manifestantes. Además, dos días después el fiscal provincial Emilio De Aragón ordenó el allanamiento del domicilio particular del secretario general de la CTA Autónoma de Córdoba, Federico Giuliani, y la sede gremial de ATE en Río Cuarto.
Giuliani declaró que la acción judicial desarrollada “en el marco del fallido ‘Pacto de Mayo’ evidencia un principio de ‘estado de excepción’ en el que los procedimientos judiciales se tornan herramientas represivas al servicio del poder político”.
