El gobierno nacional se jacta permanentemente de su política de no intervención en la economía, aunque no es lo que se manifiesta en la práctica. Por caso, el ministro Luis Caputo ordenó no homologar toda paritaria que supere el 2% en septiembre.
También, otras de las medidas en la misma dirección fueron las de pisar el Salario Mínimo (SMVM) con un incremento del 133% interanual -frente al más del 236% de inflación-, como así también los recortes en la jubilaciones siendo el ítem de mayor ajuste en los últimos 9 meses para cumplir con el tan proclamado “superávit fiscal”.
De esta manera se aplastan los ingresos de los trabajadores y jubilados, generando los actuales y estratosféricos números de pobreza (52%) e indigencia (18%), propios de un genocidio silencioso que avanza sobre las familias trabajadoras del país.
El objetivo central es comer el salario progresivamente con la inflación posibilitando mayores márgenes de maniobra a los sectores patronales, el brazo económico de los inversores financieros globales, los mismos que poseen casi la totalidad de la deuda con la que amordazan la política pública a sus intereses.
Toda esta política se despliega en paralelo a una demonización de las luchas de los trabajadores para debilitar la resistencia y dividir la única fuerza capaz de enfrentar este programa de saqueo y explotación al que somos condenados.
Por ello es que les molesta tanto la lucha salarial de los aceiteros y universitarios, la pelea de miles de estudiantes por becas y condiciones mínimas de estudio, las manifestaciones de los jubilados, y todos aquellos espacios que, por pequeños que parezcan, no ceden ante la maquinaria del saqueo. Construir, sostener, profundizar y extender esas luchas es parte de nuestra tarea.
