El Gobierno acelera la privatización y desmantelamiento de empresas estatales bajo la premisa fiscal mientras renuncia a negociar mejores condiciones para canjes de deuda.
“Nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociarlo bajo ningún punto de vista” reafirmó el presidente Javier Milei ante los inversores globales de Wall Street en la Bolsa de Nueva York durante su última visita a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El mandatario argumentó que “los dólares para pagar los servicios de la deuda tienen que ser comprados con superávit fiscal; tienen que ser comprados con disciplina fiscal; con ahorro fiscal y no con emisión monetaria”.
En línea con la máxima fiscal, el Ministerio de Economía, a través de la secretaría de Coordinación de Producción, publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones clase C (estatales) de IMPSA.
IMPSA es una de las principales empresas en el sector metalúrgico y energético, con participación clave en proyectos hidroeléctricos, parques eólicos, energía nuclear y equipamiento para la industria petrolera y gasífera.
En 2021, la empresa cae en quiebra y el gobierno de Alberto Fernández decidió estatizarla, adquiriendo el 63,7% de las acciones, inyectando 15 millones de dólares para mantener las operaciones, mientras que la provincia de Mendoza aportó otros 5 millones de dólares para asegurar su participación en la estructura accionaria.
A su vez, Franco Mogetta, secretario de Transporte, anunció en conferencia de prensa el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y el Instituto Argentino de Transporte, donde se desempeñaban 1388 trabajadores de ambas empresas estatales.
“Estamos cumpliendo con el mandato que más del 55% le dio al presidente Javier Milei, y sus instrucciones de reducir el déficit y eliminar gastos innecesarios”, aseguró Mogetta.
El martes pasado, el Poder Ejecutivo dio otro paso y declaró a través del Decreto 873/2024 a Aerolíneas Argentinas “sujeta a privatización”. El decreto argumenta que la empresa tiene un déficit crónico desde su estatización en 2008 y que la privatización permitirá que opere bajo criterios de “eficiencia comercial”.
“El Gobierno se encuentra desarrollando un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte en general y aéreo en particular, tendiente a racionalizar la oferta de servicios, expandir las inversiones y disminuir los costos”, justificó en un comunicado.
Finalmente, el jueves pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni informó la reestructuración de la Casa de la Moneda y la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), la empresa estatal dedicada a la impresión de billetes.
“En la Argentina que ya no imprime billetes para financiar a la política poco sentido tiene seguir con este absoluto despilfarro para mantener una estructura al servicio de los degenerados fiscales”, argumentó Adorni.
Para la deuda es otro el cantar
El celoso cuidado de los recursos de la gestión queda inconcluso ante la publicación durante los últimos días de septiembre del Decreto 864, en el que elimina la obligación de exigir mejores condiciones a los bonistas (tanto en plazos como en quitas de capital e intereses) y permite realizar canjes de títulos de deuda en monedas diferentes a las originalmente suscriptas, sorteando los requisitos fijados en la ley de administración financiera (LAF) y la aprobación del Congreso.
En la presentación del proyecto de Presupuesto 2025, el Gobierno solicita autorización para emitir deuda en moneda y bajo ley extranjera por hasta $5.000 millones de dólares.
