El pasado miércoles quedó aprobado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la Legislatura de Córdoba. El proyecto fue presentado por el gobernador Martin Llaryora, e ingresado por el libertario Agustín Spaccesi.
El proyecto, además de su adhesión a la normativa nacional, encuadrada en el Título VII de la Ley Bases N° 27.742, contempla “incrementar los beneficios previstos en el RIGI, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo”.
Según informó la Legislatura, también se faculta al Ejecutivo provincial a otorgar dichos beneficios a grandes inversiones no contempladas inicialmente. Finalmente, el proyecto de ley invita a municipios y comunas a “dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal” a los proyectos.
Así, Córdoba se suma al listado de provincias que adhirieron al RIGI, entre ellas, Río Negro, Jujuy, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis, Chaco y Chubut.
Un modelo extractivista
A las afueras de la Legislatura se concentró un grupo de militantes, con convocatoria de la CTA Autónoma Punilla, quienes expresaron sus críticas al proyecto aprobado.
En una comunicación previa sostuvieron que el proyecto “no considera los posibles impactos negativos en los ecosistemas locales. En Punilla, ya hemos sido testigos de cómo proyectos de gran envergadura, como la Autovía de Punilla, han avanzado sin respetar los derechos de las comunidades y generando daños irreparables al medio ambiente, lo que afecta directamente nuestra calidad de vida y la salud pública”.
“La primarización de la economía implica más atraso y devastación ambiental, dependencia y falta de soberanía, como garantía de pago de los empréstitos que fueron adquiridos para financiar el flujo de la balanza comercial”, dice la comunicación de la CTA-A Punilla.
“El enfoque extractivista que prioriza el lucro por encima del bienestar de las personas pone en riesgo los recursos naturales y desplaza a las economías locales, mientras que las grandes corporaciones disfrutan de beneficios fiscales sin asumir ninguna responsabilidad por el deterioro que causan”, planteó la comunicación.
