La Unidad de Información Financiera (UIF), la entidad encargada de prevenir el lavado de activos, los excluyó de cumplir las normativas.
Las empresas despachantes de aduana, comerciantes de vehículos y depositarios de valores negociables (que operan en las Bolsas de Valores) no serán más controladas por la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La medida se ejecutó mediante una resolución que exime a estas empresas a cumplir con las normativas de registro y control de la entidad.
Respecto a los despachantes de aduana, mencionaron que fueron eximidos ya que la normativa vigente en el país establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el ente principal de control de las operaciones de comercio exterior.
Esto exime a actores del sector a no cumplir con las normativas correspondientes del organismo, facilitando su actividad. Entre ellos se encuentran grandes firmas como Delfino Global, Kuehne+Nagel, Grupo Cargo y Benito Roggio e Hijos S.A., entre otras.
Según aludieron en el decreto, en cuanto a los agentes depositarios de valores, quedarán eximidos debido a que son controlados indirectamente por su relación con otros actores del sistema financiero.
Entre estos agentes se encuentran las bolsas de valores y mercados, como el Mercado Abierto Electrónico (MAE), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), entre otros; además de firmas pertenecientes a grandes bancos como el Citibank, J.P. Morgan, HSBC Bank y Santander, entre otras.
Esta medida se desarrolla en el marco de la eliminación del Consejo Asesor, un órgano dentro de la UIF compuesto por siete miembros provenientes de distintas agencias de la Administración Pública Nacional, que servía como auditor externo para el control de las empresas.
El Decreto 891/2024 publicado el 10 de octubre justifica la decisión aludiendo a un ahorro económico ya que “sus miembros percibían salarios equivalentes a los de un subsecretario de Estado”. Además de que generaba preocupación por “posibles riesgos en la seguridad” y el manejo de dicha información.
