El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) informó que en los últimos 8 meses se perdieron 146.465 empleos. Muchos de quienes sostienen su puesto laboral no llegan a cubrir siquiera sus necesidades básicas ya que más de la mitad de la población del país se encuentra en la pobreza.
Mientras tanto, para pagar la deuda, los gobiernos promueven a rajatabla la política de ajuste fiscal cortando servicios esenciales de salud, transporte y educación. Dentro de éste último están los docentes quienes vienen perdiendo poder adquisitivo a tal punto que muchos de ellos cobran por debajo de la canasta de indigencia.
Para los estudiantes corre la misma suerte, como el intento de recorte del boleto educativo gratuito, la eliminación del Fondo Fiduciario del Progresar, el incremento exponencial del precio de la comida y dando vía libre a las inmobiliarias a hacer lo mismo con los alquileres.
Ante este ataque se le opusieron diversas acciones para contrarrestar la balanza. Sin embargo, la violencia continúa pesando sobre los hombros de cientos de trabajadores precarizados y estudiantes a los que no se les aseguran condiciones dignas para llevar adelante su educación.
En ese marco, algunas posiciones intentan contener los conflictos. “Que no se desborde demasiado”, sostienen, pretendiendo orientar el movimiento de protesta hacia los tiempos de la institucionalidad, por ejemplo con la consigna del “Presupuesto 2025”.
Por ello, controlar la protesta y los reclamos es parte de la política de ajuste y funcional a la represión que se impone contra el pueblo como clima de época.
El desafío está en desenmascarar estas estrategias de disciplinamiento a la rebeldía para así poder continuar con la histórica tradición de lucha que estudiantes y trabajadores forjaron en nuestro país.
