Una disputa de poder está abierta en la actualidad. Los sectores económicos pelean por definir la política de gobierno dirigida principalmente al valor del dólar y la disponibilidad del mismo.
Ello ocasiona un conflicto por el control de los recursos naturales y una lucha por apropiarse del excedente producido en el país.
La definición de salir del cepo o mantenerlo, subir o bajar el precio de la moneda, resquebraja las alianzas porque estas existen siempre y cuando sostengan los intereses que las unieron.
El sector exportador exigen una devaluación y la quita de retenciones, mientras que los grandes bancos, fondos de inversión y las fintech (entre las que se encuentran MercadoLibre) presionaron para sostener la bicicleta financiera exigiendo en paralelo la reducción de impuestos provinciales y municipales.
La presión entre los distintos intereses agrieta las posiciones del gobierno postergando la salida del cepo, ofreciendo la baja temporal de las retenciones, medida orientada a incrementar las reservas del Banco Central.
Esto último se encamina al escenario más ansiado por los especuladores financieros para condicionar la política de gobierno y sostener sus intereses en el país: un nuevo acuerdo con el FMI.
Si miramos para atrás, desde el mega acuerdo con el Fondo de 2018 las condiciones de vida de los trabajadores no han hecho más que empeorar.
La receta “coherente” que dicho organismo pide ante cada acuerdo supone mayor ajuste fiscal, que se traduce en menos recursos para las necesidades de vida como salud y educación, y cuando los sectores se ven acorralados por los recursos terminan por reducir el precio del trabajo, que significa pérdida de salario y peores condiciones para los trabajadores.
