En el proceso de licitación para el dragado, las empresas y el Gobierno Nacional cruzaron denuncias y acusaciones por falta de transparencia. Adorni comunicó que investigará a la única empresa que se presentó.
En noviembre del año pasado, tras el vencimiento de la concesión a la empresa Jan De Nul, el Gobierno Nacional inició el proceso de licitación para el dragado del río Paraná abriendo una feroz disputa entre los distintos sectores que buscan el control de la vía navegable.
En la Disposición 34/2024 aluden a que las empresas puedan cumplir la tarea de “dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior”:
Una guerra sin balas
Durante el proceso, la empresa Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME), una de las 11 empresas con posibilidad de licitar, presentó recursos judiciales y administrativos contra la licitación aludiendo a que existe un “notorio direccionamiento” que “beneficia al operador actual (Jan de Nul), que ya posee la información necesaria”, según un comunicado difundido días antes del cierre de la presentación de propuestas.
Cumplido el plazo de la licitación el 29 de enero, sólo la empresa DEME se presentó. Debido a ello, el Ministerio de Economía, en el día de la apertura de sobres el 12 de febrero, acusó a la empresa por “haber sido la única oferente de la misma licitación que acusaron de estar direccionada”.
Además, desde el Ministerio decidieron “dejar sin efecto el actual procedimiento de selección” e instruir “la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue la posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas”.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, en la conferencia de prensa brindada el día después de la apertura de los sobres, advirtieron que “un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de la licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos, que son los principales perjudicados”.
Además, denunciaron que “desde que se lanzó la licitación, nos acusaron de que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intención de sabotear el proceso”, en alusión explícita a la firma DEME.
El jueves pasado Arreseygor fue invitado a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados donde apuntó a los que, según él, son los responsables del boicot: “el exministro [de Transporte, Guillermo Javier] Dietrich, el expresidente Mauricio Macri” y “el diario La Nación, que nos dedicó columnas todos los domingos operando este procedimiento”.
En la barranca de enfrente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, el día anterior a la apertura de los sobres, advirtió sobre la presencia de “graves irregularidades en el procedimiento licitatorio de la Hidrovía”.
La PIA, a cargo del fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez, envió recomendaciones al Gobierno Nacional aludiendo a que las irregularidades se dan “en la conformación de la comisión evaluadora de ofertas, en el procedimiento para determinar el plazo de duración del contrato de concesión” y “en la fórmula estipulada para efectuar la evaluación técnica de ofertas”, entre otras.
Sumándose a este bando, el miércoles pasado el juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la empresa Jan de Nul luego de una denuncia presentada por el partido político Coalición Cívica. El expediente alude a una deuda de 78 millones de dólares que la empresa reclama al Estado y se trasladaría a la próxima administradora.
Los gobernadores quieren meter los pies en el río
Ministros y secretarios de Producción de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, junto a representantes del sector empresarial, se reunieron el jueves 13 de febrero bajo la figura del Gabinete Productivo de la Región Centro con el objetivo de definir estrategias de desarrollo regional en infraestructura, logística y competitividad.
Allí acordaron solicitar formalmente al Gobierno Nacional la participación en la definición de los nuevos términos de licitación que se abrirá próximamente.
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, luego de una reunión con Arreseygor el viernes pasado, confirmó la aceptación de la propuesta por parte de las autoridades nacionales para que la Región Centro, junto a otras provincias del litoral, participen en la creación de la nueva propuesta.
En una carta dirigida a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, desde el Gobierno de Córdoba destacaron la importancia de que la provincia tenga representación en el proceso ya que gran parte de su producción se comercializa a través de estos puertos.
Què dicen los actores del sector
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC), habìa declarado cuando se abrió la licitación que la hidrovía necesitaba de una inversión millonaria para incrementar a 40 pies la profundidad y disminuir el costo del flete.
El jueves pasado, en una nota de La Nación, la CIARA-CEC comentó que están promoviendo un pronto encuentro con las autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para ver las nuevas condiciones de la licitación y pedir el cumplimiento de mayor profundidad del dragado y reducción de los costos.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Fernando Landa, dijo en una nota que desde la cámara reclaman un “debate amplio” que abarque “las tarifas, la infraestructura y el potencial de crecimiento de la carga”.
Por su parte, el Consejo Portuario Argentino (CPA) había solicitado “suspender inmediatamente el procedimiento licitatorio en curso” debido a irregularidades en el método de selección. Concretamente, exigía que se posibilite participar a la firma China Communications Construction Company (CCCC), la cual había sido excluida por deberse a una empresa estatal.
En cuanto al sector de los trabajadores, Juan Carlos Schmid, secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento, comentó que desde un principio se expresaron a favor de un contrato de 30 años ya que “le da previsibilidad en materia de inversiones” y estabilidad a los cerca de 800 trabajadores del sector.
