Los gobiernos ceden autonomía ante la presión del FMI y los Estados Unidos.
El Parlamento de El Salvador aprobó el miércoles pasado una reforma de la Ley Bitcoin -aprobada en 2021- que dejó sin efecto su uso como moneda de curso legal, la cual compartía junto al dólar estadounidense. Con 55 votos a favor y 2 en contra se anuló la normativa que había convertido al país centroamericano en el primero del mundo en tener una criptodivisa como moneda de curso legal.
Esta reforma, que entrará en vigencia 90 días después de su publicación, fue una de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgarle al gobierno salvadoreño un préstamo de 1.400 millones de dólares.
Las “recomendaciones” del FMI incluyeron un ajuste del gasto público, un incremento de la transparencia estatal, aumentar las reservas de liquidez en los bancos nacionales y “mitigar los riesgos del bitcoin”.
La Ley Bitcoin, obligaba a todos los negocios salvadoreños a aceptar criptomonedas dentro de sus transacciones, lo que llevó a una inversión gubernamental multimillonaria para adecuar cajeros, una billetera digital y las instalaciones generales con el fin de favorecer la circulación del Bitcoin.
Mientras que la nueva redacción en la norma dicta que las transacciones con bitcoin en el país deben ser “con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente”, eliminando la posibilidad de pagar impuestos o facturas gubernamentales con la criptomoneda.
Influencia del norte
Por otro lado, el 19 de febrero el almirante de la marina estadounidense Alvin Holsey, comandante del Comando Sur del Ejército de EE.UU, realizó una visita a Panamá dónde mantuvo encuentros con funcionarios del gobierno y de la administración del Canal de Panamá.

Según informó la embajada estadounidense mediante un comunicado, Holsey viajó “para conversar acerca de la colaboración entre EE.UU. y Panamá en materia de seguridad así como abordar otros temas de seguridad tales como resguardar el área del canal de la influencia y control del Partido Comunista Chino”.
Además “se abordarán esfuerzos de colaboración para poner fin a la crisis de migración ilegal en la región”, informaron desde la embajada. Dentro de su agenda, Holsey realizó encuentros con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego y el canciller Javier Martínez Acha y el administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.