Se realizaron protestas contra las detenciones masivas de inmigrantes latinoamericanos. Trump moviliza tropas para reprimir las movilizaciones.
El pasado 30 de mayo la Corte Suprema estadounidense permitió al gobierno revocar el programa de “parole” humanitario que les otorgaba residencia y permiso de trabajo temporal a más de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
La iniciativa se inició en la década de 1950 cuando las administraciones fueron habilitadas para conceder permisos temporales de entrada por razones humanitarias. En el pasado, ya había sucedido con 200.000 cubanos emigrados tras la Revolución Cubana y más de 350.000 vietnamitas tras la caída de Saigón.
En la actualidad este estatus se aplica a 240.000 inmigrantes ucranianos llegados tras la invasión rusa. En enero, la administración Trump pausó el programa, al suspender las renovaciones y cancelar el trámite de nuevos permisos.
El programa, implementado por la gestión de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, ofrecía a migrantes de los cuatro países la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años. La decisión de la Corte Suprema fue adoptada en respuesta a una apelación de emergencia presentada por la Casa Blanca.
Mientras la resolución judicial continúa en instancias inferiores, el Gobierno, respaldado por el fallo, intensificó las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con masivas redadas que incrementaron a 3.000 las detenciones diarias de migrantes en situación irregular.
Sin embargo, las medidas traen problemas relacionados a la demanda de trabajo precarizado en sectores como la agricultura, la gastronomía y el turismo. En redes sociales, Trump explicó que en esos sectores “nuestra política migratoria tan agresiva les está quitando trabajadores muy buenos y con muchos años de experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar”.
En ese marco, Tatum King, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ordenó la suspensión de “todas las investigaciones y operaciones de control de calidad en lugares de trabajo relacionados con la agricultura (incluyendo acuicultura y plantas empacadoras de carne), restaurantes y hoteles”.
Ante este panorama, se desencadenó durante los últimos días una gran protesta contra las redadas, que se está replicando y escalando a nivel nacional.
El reclamo tuvo su inicio y epicentro en la ciudad de Los Ángeles, escenario de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. En este marco, el presidente Donald Trump movilizó 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 Marines “para liberar a Los Ángeles de la Invasión Migrante”.
Los infantes de la Marina se involucraron en el conflicto tras recibir un entrenamiento específico enfocado en técnicas de manejo de multitudes, según informó Scott Sherman, comandante a cargo del operativo de las FF.AA.
“Este descarado abuso de poder por parte de un presidente en funciones exacerbó una situación explosiva, poniendo en riesgo a nuestra gente”, declaró el martes pasado el gobernador de California, Gavin Newsom, tras presentar una demanda contra Trump y el Departamento de Defensa por “incumplimiento de los principios de un gobierno civil”.
Por su parte, la alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, decretó el martes pasado un toque de queda entre las 9:30 p.m. y las 5:00 a.m.
El conflicto continúa en desarrollo. Se esperan nuevas movilizaciones a nivel nacional durante la semana.
