El Gobierno contrajo nueva deuda por 1500 millones de dólares con organismos internacionales. Mientras tanto paga mensualmente intereses de deuda por el equivalente al aumento del bono a jubilados.
La semana pasada, a través de tres decretos publicados en el Boletín Oficial (488, 489 y 490/2025, respectivamente), el Gobierno aprobó tres nuevos préstamos con organismos internacionales.
Entre la nueva deuda habrá dos contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 1.200 millones de dólares, y otro con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 300 millones de dólares.
Según informó el gobierno, los préstamos del BID están dirigidos a financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II” (800 millones) y el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad” (400 millones). Mientras que, el crédito del BIRF, se destinará al “Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria”.
Además, el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó que quedó aprobada la revisión del programa por lo que liberará otros 2000 millones de dólares para el gobierno.
Las reservas en disputa
Previamente, en abril, el gobierno había ingresado 12.000 millones de dólares producto del acuerdo con el FMI, destinados a fortalecer las reservas. En ese marco, el organismo dió a conocer a mediados de julio su Reporte Sobre Sector Externo.
El FMI destacó que “es fundamental realizar esfuerzos adicionales para reconstruir las reservas, permitiendo al mismo tiempo una mayor formación de precios y compras de divisas para cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda”.
Desde el Estado se promovió una arquitectura financiera que posibilitó hacer negocios con la bicicleta financiera. Ante la escasez de dólares algunos comienzan a retirarse del negocio.
“Los fundamentos económicos han mejorado sustancialmente desde finales de 2023, pero las reservas internacionales netas siguen siendo críticamente bajas y los diferenciales de la deuda soberana, aunque han disminuido drásticamente, siguen siendo elevados”, analizó el organismo.
Al respecto, el centro de investigación CIFRA, recordó que los próximos vencimientos alcanzan los 10.164 millones de dólares para 2025 y 28.774 millones en 2026.
Mientras las reservas crecen producto de mayor endeudamiento, el FMI disputa esos dólares que inyectó a las cuentas del Central utilizados en la “timba financiera”. “Por eso el FMI insiste en que el Banco Central acumule reservas en un contexto en el que la fuga de capitales de un mes y medio absorbió el 44% del primer desembolso del FMI”, señaló el centro de investigación de la CTA.
Una bola de deuda que sigue rodando
Una porción de la deuda bruta total fue emitida en pesos acorde a la venta de letras y bonos con el fin de recaudar ingresos o postergar vencimiento de deuda, y fue comprada por bancos y fondos de inversión.
Actualmente, entre los instrumentos que ganaron protagonismo se encuentran las Lecaps (Letras Capitalizables) emitidas por el Tesoro de la Nación (Gobierno Nacional).
Desde la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio de Economía y el Banco Central se impulsan reformas para fortalecer el mercado de capitales en Argentina.
Estos instrumentos son utilizados para controlar el exceso de liquidez monetaria en pesos que tienen los bancos como forma de evitar una devaluación ante una excesiva presión por convertir esos pesos a dólares y una consecuente suba de la inflación.
Entonces el Estado emite estos instrumentos a tasas de intereses muy superiores a la inflación (47,81% anual o 3,31% mensual con vencimiento al 31 de julio) como manera de hacer redituable la inmovilización del excedente de pesos.
Actualmente el stock de deuda bruta del Sector Público Nacional alcanzó los 465.355 millones de dólares (a fines de junio), lo que equivale al 70% del Producto Bruto Interno (PBI).
El poder de los bancos llega al punto tal que los diez primeros bancos privados del país, en marzo de 2025, poseen más del 40% de las tenencias de títulos públicos de todo el sistema financiero legal. Y, al menos en los tres principales bancos por tenencia (Galicia, Santander y Macro), tienen participación accionaria los fondos de inversión como BlackRock, State Street y Fidelity.
Ante el anuncio del gobierno por la finalización de las LEFI (Letras de Liquidez), el Estado realizó una licitación extraordinaria del Ministerio de Economía para controlar la avalancha de pesos. Ante ello, ofertaron Lecaps para “controlar” 4,7 billones de pesos que devengan un interés mensual de $141.000 millones.
Según el economista Horacio Rovelli, ese monto que le pagan a los bancos para mantener quieto el dinero, sin riesgo de pasarse a dolar, seria el equivalente a aumentarles a los jubilados el pago de un bono mensual de $70.000 a $110.000 por mes actualizado al índice de inflación del INDEC.
