El aumento a las jubilaciones provinciales impactará en cerca del 15% del total de jubilados y pensionados provinciales. Referentes del sector definieron como “insuficiente” la medida.
Tras un acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema de Justicia para comenzar a recibir fondos que le adeudaba el Gobierno nacional a la provincia de Córdoba, el gobernador, Martín Llaryora, anunció el domingo pasado un aumento del 84,21% a las jubilaciones de la Caja Previsional provincial.
“Esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Y vamos a continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el gobierno nacional mantiene con Córdoba”, dijo el mandatario provincial en un video oficial.
CÓRDOBA TENDRÁ UNO DE LOS HABERES MÍNIMOS JUBILATORIOS MÁS ALTO DEL PAÍS Y UN BONO PARA LOS JUBILADOS QUE MENOS GANAN.
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Anunciamos un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales.
Además,… pic.twitter.com/HPkAFOldrl
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 27, 2025
La medida alcanza a 5.800 jubilados sobre un total de 116.000. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, dijo al diario La Voz que “la mínima global pasará de $ 380.000 a $ 700.000”, aunque aclaró que “lo que se incrementa es el complemento: en sí, el haber mínimo seguirá estando en $ 210.000 y el complemento pasa de $ 170.000 a $ 530.000 desde julio”.
Según el último informe estadístico de la Caja de Jubilaciones de junio de 2025, unas 18.000 personas perciben un ingreso de hasta $750.000 (el universo de potenciales beneficiarios del aumento), cerca del 15% del total de prestaciones vigentes (116 mil).
Además, el anuncio contempla el pago de un bono de $100.00 cada dos meses que se transferirá hasta marzo, siempre dependiendo de la transferencia que realice el Gobierno Nacional a la provincia.
Matices
A pesar del buen recibimiento de la medida, algunos actores manifestaron que es insuficiente y seguirán con sus reclamos al respecto. Roberto Cristalli, secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), declaró a Cadena 3 que “en principio es una medida que da solución a un sector de jubilados de la provincia que hoy tiene la mínima, como es el caso precisamente de los docentes”.
Aunque señaló que van a seguir “reclamando la eliminación del diferimiento y el artículo 58, que son los dos puntos más álgidos que tenemos y de mayor reclamo que venimos sosteniendo desde la sanción misma de la ley 10.694”.
La política gubernamental busca el superávit fiscal para el pago de la deuda a costa de las jubilaciones.
Adriana Carranza, integrante de una coordinación que busca presentar un proyecto de ley por medio de Iniciativa Popular (una herramienta que permite a los ciudadanos impulsar propuestas en la legislatura provincial) dijo a este medio que, si se contempla el haber mínimo de $210.000, “este beneficio alcanzará sólo al 5% de los jubilados cordobeses”.
Por el 95% restante que no fue alcanzado por estas medidas, comentó que el proyecto busca recuperar el 82% móvil (que estimó actualmente en un 64%), la derogación del diferimiento de los haberes y la ley 10.694, entre otros puntos.
El pasado jueves, miembros de AJA realizaron una manifestación en Villa Maria para visibilizar la problemática provisional y las dificultades en la atención médica con Apross.
Por otro lado, Camilo Rodriguez, de la Asociación de Jubilados de Argentina (AJA), declaró a medios locales que este aumento no puede entenderse por fuera de un contexto en el cual “desde hace mucho tiempo venimos solicitando que nos devuelvan la Caja de Jubilaciones que nos quitaron”.
Además, remarcó que “algo se ha conseguido después de tanta lucha, movilizaciones y reclamos” pero que “no cumple con todo lo que venimos reclamando y nos corresponde a los jubilados”. “Este anuncio de `aumentazo` no es siquiera el 50% de todo lo que nos robaron a los jubilados”, denunció.
