El trabajo, la educación y la salud que el pueblo necesita para una vida digna, se encuentran en estado crítico a raíz del desfinanciamiento en nombre del equilibrio fiscal.
Algunos números mostrados en la nota de Análisis (“Círculo vicioso”) de la presente edición hacen explícitos los condicionamientos del sistema financiero para absorber los recursos que se apropia el Estado, aunque son generados por los trabajadores.
Construyen una fachada de la crisis sosteniendo que el problema se trata de gestiones corruptas, mientras tanto le aseguran el negocio a los bancos y acreedores privados para cobrarse la deuda.
Sin ir más lejos, la semana pasada el Gobierno vetó los aumentos a jubilados -que pasaban a cobrar un bono de 110 mil pesos- y a los ingresos para trabajadores que prestan servicios a personas con discapacidad.
El motivo enunciado es el control del déficit fiscal, pero los propios reportes del FMI le piden mantener la austeridad para hacer sostenible la deuda, y de esa forma continuar con la subordinación al dólar.
A ello apuntan las concesiones otorgadas a los sectores exportadores de minerales para facilitarles la exportación y la baja de retenciones a las agroexportadoras.
Como bien lo señaló la semana pasada una trabajadora durante la movilización contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad realizada en Villa María: “los derechos no pueden depender del humor de los mercados”.
Por eso, cualquier número que no se incline a pagar la deuda es el verdadero temor de los grupos de poder que están operando para repartirse el Estado, mientras el pueblo paga las consecuencias.
