El programa económico del Gobierno favorece la rentabilidad financiera de los bancos, mientras los industriales se quejan porque esto encarece el crédito para financiar la actividad.
Esta semanas el gobierno volvió a intervenir en el mercado para contener el dólar ante el riesgo de una suba que superase el techo de la banda cambiaria establecida por el FMI.
En julio el dólar subió 14%, lo que también presionó sobre la inflación que se conocerá a comienzos de septiembre. Por otra parte, la suba también opera de manera anticipada para desarmar el negocio de la bicicleta financiera (carry trade).
En una nota anterior, mostramos cómo el poder de los bancos se hizo sentir luego de que el Gobierno determinara el fin de las Letras de Liquidez Fiscal (LEFis).
Las entidades decidieron no renovar una porción de la deuda en pesos que le compran de forma mensual al Estado por inmovilizar el dinero. Allí comenzó una pulseada por controlar esa bola de pesos sueltos (liquidez monetaria).
La pelea continuó la semana pasada aunque quedó relegada por las definiciones de las candidaturas políticas de cara a las próximas elecciones legislativas.
Interna financiera
En el último llamado a licitación emitido por la Secretaría de Finanzas el pasado miércoles 13 de agosto, sobre un total de vencimientos por $15 billones de pesos, se renovaron $9,1 billones (60,5% del total). Es decir que, alrededor de $6 billones de pesos quedaron sin renovación de deuda (rollover).
Al día siguiente de la licitación fallida, para controlar la liquidez de pesos en manos de los bancos, el BCRA determinó una serie de medidas. Entre ellas el incremento de los encajes bancarios.
También, la medición de encajes pasó de un promedio mensual a un cómputo diario y duplicó la penalización a entidades que no cumplan con las regulaciones.
Encaje Bancario es la porción de los depósitos que los bancos no pueden prestar. Ese dinero queda inmovilizado en una cuenta corriente que las entidades tienen abierta en el Banco Central. El Banco Central paga a los bancos una tasa de interés por ese dinero.
Luego de la decisión, las principales entidades bancarias (Adeba, ABA, ABE y Abappra) se reunieron con funcionarios del Central para discutir las medidas, aunque no trascendió información al respecto.
Los coletazos que sacuden
Ante la baja efectividad de las medidas adoptadas para aspirar pesos, el Gobierno tuvo que subir nuevamente las tasas de interés que les paga a los bancos por mantener quieto el dinero.
El lunes 18, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que adjudicó $3,79 billones de pesos en la licitación extraordinaria ejecutadas sólo para bancos a fin de que cumplan con la nueva exigencia de encajes.
La absorción de pesos fue mediante la colocación de bonos TAMAR al 28/11/25 (a tasa variable y con vencimiento a fin de noviembre) que paga un interés del 52,5%.
Con una inflación anual proyectada en torno al 30% promedio, el interés de letras paga un 75% por encima del índice de precios estimado a fin de año.
Este coletazo golpeó sobre los créditos encareciendo el costo al que las actividades industriales y comerciales pueden financiarse con los bancos.
Según un documento emitido por la Unión Industrial Argentina (UIA), los sectores económicos crecieron en julio pero se encuentran muy por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que el 40% de las pymes tiene dificultades para cumplir con pagos básicos de insumos.
Según la UIA, “el sector enfrenta un aumento de tasas que puede impactar en el crédito y el costo de capital de trabajo. A esto, se suma una mayor competencia frente a la importación de bienes terminados”.
Un reporte del Banco Provincia señaló que “el salto de la tasa de interés, que pasó de 35% nominal anual hace un mes a más de 75% en la actualidad” tensiona “la cadena de pagos”.
Por su parte, el Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA), indicó que en mayo los cheques rechazados por falta de fondos ascendieron a 69.341 unidades, un 117,6% más que en noviembre de 2023.
Situación estructural
Según un reporte de la consultora 1816 los bancos y fondos comunes de inversión tienen el 51% de la deuda en pesos del Tesoro, 26% y 25% respectivamente. Es decir, viendo al Estado como una empresa, son los socios mayoritarios del capital accionario.
Aunque el Gobierno prometió dejar de emitir para financiar “curros” pareciera que algunos no cuentan como tales. Desde 2023 al 2025, el BCRA aumentó la base monetaria más del 500% para pagar intereses de deuda, pasivos remunerados, operaciones con dólar futuro, entre otros.
De esta forma, la base monetaria en diciembre del 2023 pasó de $8.510.332 en diciembre de 2023 a $42.675.620 millones de pesos en agosto del 2025.
Según informó el Central, julio cerró con una posición de ventas netas en dólar futuro para controlar el precio por 3.812 millones de dólares, lo que representó un aumento intermensual de 1.902 millones de dólares.
Además, la foto del equilibrio fiscal se deshace cuando se deja de contabilizar el pago de intereses por deuda que arroja el déficit financiero.
Según el Ministerio de Economía, en julio el sector público nacional tuvo superávit primario de $1.749.386 millones pero, si a ese cálculo se le computan los pagos por interés de deuda intra sector público arrojó déficit financiero de $168.515 millones.
Asfixiados por la deuda
La situación de estrangulamiento que sufren algunos sectores productivos y el conjunto de los trabajadores tiene su cuello de botella en el endeudamiento.
Esto evidencia que a estas alturas ya no se trata de un problema de gestión política, sino de una condición estructural de asfixia por la cual el Estado se ha convertido en el garante de la casta financiera.
El manejo de la política acontece a mano de los principales bancos y fondos comunes de inversión tenedores de la deuda.
Ellos determinan la emisión de pesos, los gastos del Estado, el precio futuro del dólar y por lo tanto, determinan el costo de los alimentos en góndola y del valor del salario.
