Petroleros, madereros y metalúrgicos corren riesgo de perder su puesto laboral. Las empresas frenan la producción aludiendo crisis en las ventas.
Los últimos informes elaborados por la Unión Industrial Argentina (UIA) reflejan la crisis que atraviesa el sector industrial nacional: en abril de este año se registró una reducción interanual de 214 empresas industriales, mientras que comparado a su nivel máximo registrado en 2011 son 5.123 menos, representando una baja del 8,9%.
El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) de julio, medido también por la UIA, sufrió una reducción del 9,7% comparado a 2023 donde las actividades más perjudicadas son las de insumos de la construcción (-24%), productos durables y semi durables (-14,8%) e insumos industriales (-14,6%).
Golpe a los trabajadores
Lo cierto es que las empresas enfrentan esta situación realizando ajustes que recaen sobre los trabajadores. Tal es el caso de Petróleos Sudamericanos (PS) que opera en Mendoza donde, según informó el Sindicato de Petroleros Privados la cifra de trabajadores despedidos asciende a los 900 operarios.
Gabriel Barroso, su secretario general, denunció que la empresa viene realizando acuerdos de despidos y suspensiones desde que comenzó a operar los pozos concesionados por YPF. “Estamos viviendo cosas que nunca vimos, contamos bajas todos los días”, explicó.
Informe sobre los efectos económicos del esquema financiero actual: crecen los despidos y la paralización de las industrias.
En Misiones los madereros también sufren las consecuencias de la crisis: hace ya casi tres semanas que la Forestadora Tapebicuá frenó su producción anunciando el cese de tareas por 30 días y la suspensión de 520 operarios por “problemas de liquidez”. Además, al ser una de las madereras más importantes de la región, también afecta a los empleos de las empresas proveedoras.
En respuesta a la medida los trabajadores comenzaron un acampe por tiempo indeterminado en las instalaciones de la empresa, a lo que ésta última respondió con una propuesta de cobrar el 30% del salario rechazada por los trabajadores.
“Es el último recurso que nos queda para defender nuestros puestos de trabajo, el pan de nuestras familias y nuestra dignidad”, sostuvieron los trabajadores en un comunicado difundido en redes sociales.
Mientras los gobiernos construyen los relatos de la realidad del trabajo a su conveniencia, los datos del mercado laboral marcan la precariedad como un horizonte inevitable en el largo plazo.
También denunciaron que el gobierno provincial les ofreció a los trabajadores suspendidos un subsidio de $250.000 por dos meses y una prórroga de vencimientos con deuda que pudieran tener con el Banco de Corrientes, cuestión sin definir hasta el momento.
“El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes hasta la fecha no ha convocado a una audiencia de conciliación de carácter urgente, un paso fundamental para mediar en este conflicto y encontrar una salida”, comentaron.
Según pudo relevar este medio, la siderúrgica Acerbrag, ubicada en Bragado, Buenos Aires, también anunció la suspensión de sus operaciones por tiempo indeterminado, afectando a 600 trabajadores.
En febrero de este año la empresa había tomado la misma medida por un mes, mientras que el año pasado realizó 80 despidos aludiendo a la crisis del sector.
Desde Tribuna realizamos una entrevista a Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE), quien nos comentó acerca del panorama actual de las condiciones de vida de los trabajadores.
Voceros de la empresa dijeron a un medio local que frente a la “sostenida crisis industrial que sigue golpeando al sector siderúrgico y particularmente a Acerbrag, la empresa deberá parar nuevamente sus operaciones”.
Otra empresa del mismo sector es Acindar, perteneciente a Arcelor Mittal, quien la semana pasada paralizó por una semana su planta de Villa Constitución, Santa Fe, acordando con los gremios un esquema de cese de actividades y la suspensión de 200 trabajadores.
Pablo González, secretario general de la UOM en Villa Constitución, advirtió que el número de suspendidos llega a casi 550. “Cayó la construcción interna en la Argentina, no tracciona el mercado automotor como debería y el alambre para el agro tampoco puede complementar, entonces la realidad es muy crítica”, señaló.
