Los conflictos de trabajadores del sector industrial no paran de emerger en un contexto de crisis económica.
El estancamiento de la economía para algunos sectores industriales y pymes golpea a los trabajadores que reciben como respuesta la paralización de fábricas, despidos, flexibilización y suspensiones para mantener operativas las empresas.
En agosto Acindar (Grupo ArcelorMittal), una de las principales productoras de acero laminado ubicada en Villa Constitución, avanzó con la suspensión de cientos de trabajadores.
El total de afectados supera los 500 empleados, algunos por 72 horas y otros por una semana. Se trata de una decisión que repercutió en 350 operarios de la acería; 100 del tren laminador Nº3; y 85 obreros del tren laminador Nº1.
Petroleros, madereros y metalúrgicos corren riesgo de perder su puesto laboral. Las empresas frenan la producción aludiendo crisis en las ventas.
Otro conflicto sucede al norte de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Nicolás, donde está ubicada la mayor planta productora de acero del país, Ternium Siderar (Grupo Techint).
Los salarios de pobreza, la precarización laboral y el despido de 200 trabajadores de Loberaz, empresa contratista a la cual Ternium le rescindió el contrato, rebalsaron el vaso.
En ese marco la realización de asambleas y paros rotativos escalaron a una movilización que involucró a más de 1.200 trabajadores metalúrgicos. La marcha partió desde la puerta de la fábrica hacia la plaza Mitre de San Nicolás.
Allí, hubo acto y discurso de parte de la dirigencia sindical que embatió contra el plan económico del gobierno y el accionar de las empresas contra los trabajadores.
Previamente, la empresa había decidido apagar el alto horno, hecho que solo se realiza en casos esporádicos por tareas de mantenimiento.
Según construye La Capital, el Concejo Deliberante de San Nicolás se pronunció en contra de la medida al considerarla como una forma de extorsión destinada a quebrar la protesta.
Los trabajadores plantearon en un comunicado que “(Paolo) Rocca [CEO de Techint] mantiene a los trabajadores con salarios de hambre, y Milei lleva a la industria nacional a la crónica de una muerte anunciada”.
Informe sobre los efectos económicos del esquema financiero actual: crecen los despidos y la paralización de las industrias.
Por su parte, Luis Sánchez, dirigente de UOM San Nicolás, señaló a Diario El Norte que esta movilización marca “un puntapié inicial para un reclamo que se va a hacer nacional”.
Otro de los sectores afectados por la apertura de importaciones es la industria de maquinaria agrícola. Por caso, en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Firmat, se encendió el conflicto en la fábrica de cosechadoras Vasalli.
Allí, 280 trabajadores reclaman salarios que la firma les adeuda. Las autoridades les ofrecieron el pago parcial de $400.000 por trabajador, correspondiente a salarios de junio, julio y aguinaldo, lo que fue rechazado. Aún continúan de paro, con acampes frente a la fábrica y cortes programados de ruta.
Reunión de gremios industriales
Más de 40 sindicatos industriales se reunieron la semana pasada para denunciar la crisis del sector en la sede del sindicato del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).
Los gremios nucleados en la Confederación Industrial de Sindicatos de la República Argentina (CISRA) presentaron un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) para graficar la realidad.
El relevamiento repasa diferentes ejes como caída en la actividad económica y comercial, paralizaciones, huelgas, encarecimiento del crédito por altas tasas de interés, entre otros.
Del mismo se desprende que 52,2% de los industriales asegura que mantienen sin uso “al menos el 40% de su capacidad instalada”. Mientras que un 56,5% reconocieron haber ofrecido retiros voluntarios a sus empleados.
Desde noviembre de 2023, 1.482 empresas manufactureras cerraron de las 49.622 que estaban en actividad. Además, para el mismo periodo el conjunto del sector industrial registró 39.016 puestos de trabajo menos que sube hasta los 97.130 si se añade construcción y minería.
Finalmente, los gremios industriales consideraron que en este esquema se “privilegian las finanzas en detrimento de la producción nacional y el trabajo argentino”.
