El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y la comunidad universitaria prevé otra movilización federal en caso de un veto presidencial.
El mes de septiembre comenzó con un nuevo paro nacional de 48 horas en las universidades públicas de todo el país convocado por las federaciones de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica.
La medida forma parte de un plan de lucha que ya incluyó protestas y paros rotativos en los lugares de trabajo. Los reclamos se dan en paralelo a la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, tratado el 21 de agosto, proyecto que resultó aprobado con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.
En ese marco desde Tribuna dialogamos con Leticia Medina, secretaria general de ADIUC, el gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La dirigente gremial contó que, actualmente “tenemos una caída del salario superior a más de un tercio”. “Para que nuestro salario valga como en noviembre del 2023, debiéramos tener un aumento del 45%”, indicó Medina.
“Este año comenzamos el segundo cuatrimestre con una semana de paros rotativos y todo tipo de acciones que puedan seguir mostrando la situación crítica de las universidades y haciendo conocer a la ciudadanía que el conflicto universitario sigue profundizándose”, amplió.
Con respecto a la Ley de Financiamiento, la secretaría de ADIUC indicó que la normativa significa una recomposición salarial docente ante el “brutal” ajuste como así también “de gastos de funcionamiento, y de la actualización de las becas estudiantiles que hoy son de 35 mil pesos” que no alcanzan siquiera para “un par de apuntes”.
En octubre del 2024 el gobierno había vetado la Ley de Financiamiento, por lo que Medina advirtio que “si hay veto, habrá una marcha federal que va a ser una señal muy fuerte hacia el gobierno en vísperas de las elecciones nacionales”.
En paralelo a las acciones desarrolladas por las federaciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizó un plenario de rectores en la Universidad Nacional de Rosario el pasado 30 de agosto.
El encuentro contó con la participación de 70 miembros del consejo, quienes aprobaron un proyecto para incorporar 7,32 billones de pesos al presupuesto 2026. El monto se actualiza y anualiza según lo establecido en 2023 que es el último presupuesto aprobado por el Congreso Nacional hasta el momento.
Del plenario también participaron representantes gremiales de docentes y no docentes. “Estamos viviendo una situación de anormalidad en las universidades. No tenemos recursos. Se nos caen los presupuestos”, denunció Carlos de Feo, secretario general de CONADU.
Sindicatos, estudiantes y autoridades de las universidades realizaron medidas en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario que se debatirá en el Congreso.
El presidente tiene un plazo hasta el 11 de septiembre para ejecutar los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica que afecta al presupuesto del hospital pediátrico Garrahan.
Impacto en la región
Desde el gremio docente ADIUVIM resolvieron extender las actividades de visibilización del conflicto debido a que su salario “continúa deteriorándose”. Las mismas se realizarán hasta el 14 de septiembre según lo resuelto por el último plenario de la FEDUN (federación a la que adhiere el gremio).
Además, desde la UNVM difundieron un estudio elaborado por el Observatorio Integral de la Región (OIR) que evidencia el impacto de la crisis salarial en la economía regional.
En cifras el informe precisa que 716 millones de pesos mensuales, 23 millones por día y casi 1 millón por hora dejaron de circular en la ciudad y región producto del desfinanciamiento.
“El dinero que no percibimos es el que dejamos de inyectar a nuestra ciudad, donde compramos alimentos, hacemos uso del transporte, alquilamos, ‘y pagamos impuestos”, comentó Dario Poncio, autor del informe, en una entrevista a un medio local.
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El informe contempla la masa salarial desde noviembre de 2023 actualizada a julio 2025, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Al comparar estos resultados con los sueldos promedios percibidos en dicho mes por la planta docente y nodocente de la UNVM se determina una pérdida real que supera el 30%.
“Las personas en contra de las medidas de fuerza y de las marchas federales en defensa de la educación superior deben saber que no nos movilizamos solamente por nuestros derechos como comunidad universitaria, sino por todas y todos los ciudadanos”, añadió Poncio.
El frente de sindicatos, los estudiantes y autoridades de las universidades realizaron medidas en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario que se debatirá en el Congreso.
