El gobierno acelera el plan para modificar las leyes laborales, impositivas y previsionales que están en el acuerdo firmado con el FMI.
El pasado 30 el Gobierno reactivó el Consejo de Mayo dónde reunió a funcionarios nacionales y provinciales para discutir la agenda de reformas que prepara hacia adelante.
El mismo fue presidido por Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros, junto a los consejeros designados: Federico Sturzenegger; ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Julio Cordero, secretario de Trabajo; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; entre otros.
Del encuentro también participaron Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Diego Coatz, director ejecutivo y economista jefe de la UIA.
“Argentina es un país que tiene 52% de presión fiscal y recauda el 28%”, es decir, “hay una gran parte de informalidad” por lo que es necesario reformular la cuestión impositiva, declaró al salir del encuentro Rappallini de la UIA.
En esta línea, Milei sostuvo durante su participación de la Feria Internacional del Turismo que “tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos”.
“Es necesario también sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva a los negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos”, planteó. Al tiempo que consideró que “necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables”.
Además, el viernes mantuvo un encuentro con el ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. Según posteo en redes sociales “acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente”.
En esa línea los empresarios nucleados en IDEA debatirán en dos semanas la ejecución de reformas tributaria, laboral y de “fortalecimiento institucional”, según anticiparon a periodistas en la presentación del evento.
El presidente de IDEA, Santiago Mignone, precisó que: “Las compañías pueden mejorar su eficiencia, pero la competitividad reclama un Estado comprometido en la resolución de distorsiones tributarias y en la promoción de inversiones”.
Para Mignone la situación fiscal exige responsabilidad pero aclaró que “el equilibrio de las cuentas públicas” no debe alcanzarse a costa del sector productivo. “Queremos ver una baja efectiva del gasto público, sobre todo en los Estados subnacionales, para poder iniciar una reducción real de impuestos”, amplió Mignone.
“La informalidad laboral sigue creciendo y los esquemas indemnizatorios actuales, junto a la litigiosidad, desincentivan el empleo formal” consideró a su turno la directora ejecutiva de IDEA, Luciana Paoletti.
Es necesario “rediscutir convenios colectivos y actualizar reglas laborales para que reflejen las realidades productivas” y sugirió elevar el mínimo no imponible de cargas sociales y que estas puedan tomarse a cuenta del IVA.
Las reformas mencionadas no sólo se están discutiendo en el país. De hecho, a nivel latinoamericano acontece una huelga en Perú por cambios del sistema previsional. Algo similar ocurrió en Uruguay a finales del 2023.
En Grecia la semana pasada se produjo una huelga general ante la reforma laboral impulsada por el Gobierno que flexibiliza la carga horaria logrando extender los turnos de hasta 13 horas de trabajo. También en Francia se aprobó a finales de 2023 una reforma que elevó la edad jubilatoria.
Mientras en Argentina se habla de un próximo ciclo de recuperación estas agendas parecen anticipar que, nuevamente, el costo de la “recuperación” deberán ser aportados por la explotación de los trabajadores.
