En las últimas dos semanas se realizaron diversas medidas de fuerza y protestas en el sector industrial de seis provincias denunciando deudas salariales, despidos y precarización laboral.
La disputa financiera por el control de los recursos producidos en el país tiene su contracara en la situación de los trabajadores.
Según la Secretaria de Trabajo, desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), hubo una disminución de 169.300 empleos registrados privados y 77.300 públicos.
Para el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, “el comportamiento del mercado de fuerza de trabajo en nuestro país es más que deprimente”. “Decir década perdida es poco a esta altura”, señaló.
En el mismo sentido, el economista y docente, Juan Manuel Telechea, remarcó que hace 10 años “tenemos los mismos 6,2 millones de puestos de trabajos en el sector privado registrado, pero con una población que ahora tiene casi cinco millones de personas más”.
Empresas industriales profundizan sus conflictos en un panorama de recortes y despidos. 
Otra información a tener en cuenta: según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) durante el período que contempla este gobierno se incorporaron 127.100 autónomos y monotributistas, reflejando un incremento exponencial de la precarización laboral.
Acciones de resistencia
Esta situación no se desarrolla sin la resistencia de los trabajadores. Según pudo relevar este medio, en las últimas dos semanas se realizaron 17 protestas en el sector industrial en seis provincias. La mayoría de los motivos enunciados se debe a pedidos de aumento salarial y deudas que las empresas tienen con sus trabajadores.
Una punta de lanza de la lucha salarial comenzó a principios de este mes con la paritaria aceitera. Al considerar insuficiente la propuesta patronal, la federación de trabajadores del sector (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) realizaron un paro el día 7 por lo que el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria.
Los conflictos de trabajadores del sector industrial no paran de emerger en un contexto de crisis económica.
Diego Dominguez, secretario general del gremio de aceiteros de Tancacha, dijo a Tribuna que el sindicato “exige algo muy concreto: llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores según se establece en el 14bis de la Constitución”.
Según el análisis realizado por la Federación, en base a los datos suministrados por el mismo Gobierno, en el mes de septiembre un trabajador debería ganar $2.344.000. “Sin embargo, la respuesta de las empresas fue negativa”, comentó Dominguez.
“Los trabajadores sabemos que las agroexportadoras hicieron fortunas con el negocio de las retenciones, estafando a productores del campo, trabajadores y otros empresarios. Con la plata que hicieron en 48hs se solventaría los aumentos salariales por 24 o 25 años”, sentenció el dirigente.
La exigencia del mercado y la respuesta de los trabajadores
Hace dos semanas, Curt Begle, CEO de la empresa Magnera, que despidió 140 trabajadores en lo que va del año, dijo a los medios que la decisión se realizó “para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del mercado”.
De esta manera los empresarios justifican la avanzada del mercado sobre los trabajadores quienes realizan distintas medidas de protesta para frenar la decadencia salarial, las suspensiones y los despidos.
Repasamos algunos datos recientes que dan cuenta del deterioro de los ingresos de los trabajadores en la actualidad.
Una de las provincias más movilizadas es Santa Fé donde, además del epicentro del paro aceitero en los puertos, se registraron acciones de protesta contra el Frigorífico Euro, la fábrica de electrodomésticos Electrolux, Algodonera Avellaneda, la metalúrgica Metrofund y las empresas de seguridad portuaria Profertil y Securión, debido a la política de suspensiones, despidos y deuda salarial implementada.
En el resto del país también hubo movimiento como en Entre Ríos contra Laboratorios Pyam que acumula deudas salariales desde abril, el mismo motivo enunciado por los trabajadores y gremios de Industrias Montecarlo S.A. en Misiones, la empresa de transporte Expreso Rada Tilly en Chubut y la Forestadora Tapebicuá en Corrientes.
A su vez, distintas medidas de fuerza por paritarias se vienen llevando a cabo por parte de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), entre otros.
