La situación convulsionó con la movilización de estudiantes, trabajadores y organizaciones que reclaman ante el Gobierno por el costo de vida, la inseguridad y la corrupción política.
El descontento se expresó el pasado 15 de octubre con una convocatoria a la Gran Marcha Nacional anunciada por sindicatos, como la Central de Trabajadores de Perú (CGTP), agrupaciones estudiantiles, como la Federación de Estudiantes Peruanos, y cámaras de transportistas, entre otras entidades gremiales.
“La clase trabajadora se movilizó contra la criminalidad y corrupción de las mafias que han capturado nuestro país. A una sola voz, el movimiento sindical se moviliza en defensa del trabajo, la seguridad y la vida”, expresó en sus redes la CGTP.
Luego de que el Congreso aprobara una reforma a las jubilaciones las protestas estallaron en todo el país con epicentro en la capital Lima.
“La prolongada crisis política que atraviesa el Perú no es una crisis de nombres, sino de un modelo agotado que las fuerzas sociales, los trabajadores, los jóvenes y el pueblo en su conjunto ya no están dispuestos a tolerar”, amplió la central obrera.
El presidente Jose Jerí (Somos Perú) asumió el cargo el pasado 11 de octubre luego que el Congreso depusiera en el cargo a la ex presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral”.
La CGTP reclama por la renuncia de José Jerí; la dimisión de la Mesa Directiva del Congreso que tiene un rechazo ciudadano que supera el 90%; y la conformación de una mesa directiva conformada por parlamentarios que no pertenezcan a partidos de la mafia corrupta, según indicaron.
Jeri llegó a la banca con alrededor de 12.000 votos y le concedieron la responsabilidad de dirigir el proceso hasta las elecciones del 28 de julio de 2026 convirtiéndose en el noveno presidente en 9 años.
En el marco de las álgidas protestas, y como pretexto para normalizar la situación, el gobierno entrante anunció, a través del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, que preparan la declaración del Estado de Emergencia.
Durante el mismo quedan suspendidos los derechos de la ciudadanía, como la libre circulación, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión, entre otros.
